Por Coloso de Rodas
Título: Problema de la formación agraria de Cuba.
Autor: Julio Le Riverend Bruzone (1913-1998)
Formato: 5 x5 , Editorial de Ciencias Sociales, 1992
296 páginas
Las nueve entregas de Problemas de la formación agraria de Cuba, publicadas originalmente en la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, y luego en 1992 recogidos en un libro por la Editorial de Ciencias Sociales, reúnen diecinueve capítulos, unos comentarios finales y una bibliografía general cuya amplitud permite apreciar la magnitud del proyecto emprendido por Julio Le Riverend. Aunque el título anuncia una investigación sobre la formación de la propiedad territorial durante los siglos XVI y XVII, la obra rebasa los límites de la historia jurídica de la tierra, puesto que reconstruye el proceso mediante el cual se constituyeron las primeras relaciones económicas, sociales e institucionales de la colonia cubana. La tierra aparece vinculada con la explotación del indígena, la incorporación de trabajadores africanos esclavizados, las necesidades del comercio, el poder de los cabildos, la consolidación de las oligarquías y la progresiva desaparición de los bienes comunales.
La propiedad no surge como una institución creada de una vez por la legislación metropolitana, aplicada después con regularidad por autoridades capaces de controlar el territorio, sino como el resultado de ocupaciones arbitrarias, concesiones irregulares, fraudes, confirmaciones tardías y conflictos prolongados. La norma jurídica interviene con frecuencia cuando la posesión material ya ha producido consecuencias difíciles de modificar, de modo que la ley no inaugura el orden territorial, sino que procura organizar, confirmar o fiscalizar una realidad constituida con anterioridad por la fuerza, la influencia política y la capacidad económica de los grupos dominantes.
El centro de la interpretación gira en tres relaciones que no pueden separarse sin empobrecer el análisis. La primera comprende la propiedad y el uso de la tierra. La segunda corresponde a la explotación del trabajo indígena y africano. La tercera se refiere a la incorporación de la producción antillana dentro de las necesidades económicas, comerciales y estratégicas del imperio español. Esta articulación le permite abandonar una historia colonial concebida como sucesión de gobernadores, leyes y fundaciones urbanas, para estudiar las condiciones materiales que hicieron posible la dominación. Conquistar significaba ocupar militarmente un territorio, pero también apropiarse de sus recursos, controlar a sus habitantes y reorganizar la producción con el propósito de obtener beneficios.
Los primeros capítulos reconstruyen la organización agraria a partir de las vecindades, las estancias y los montones de yuca. La vecindad pretendía fijar al colono en un territorio, obligarlo a levantar una vivienda, cultivar la tierra, permanecer durante un plazo determinado y participar en la vida municipal. Este propósito chocaba con la movilidad de unos conquistadores que consideraban Cuba una escala provisional desde la cual podían incorporarse a empresas continentales más lucrativas. La isla ofrecía menos posibilidades de enriquecimiento que México o Perú, razón por la cual numerosos vecinos abandonaron sus estancias, sus cargos y hasta los bienes que habían obtenido durante la conquista.
La legislación inicial disponía que las tierras americanas debían concederse sin establecer vínculos señoriales que permitieran a los conquistadores constituir poderes territoriales capaces de competir con la Corona. Se interpreta esta orientación como una tendencia contraria al señorío feudal, aunque advierte que la ausencia de señoríos reconocidos por el derecho no impidió el surgimiento de una dominación con rasgos señoriales. Los conquistadores y sus descendientes ejercieron un poder considerable sobre la tierra, los trabajadores y las instituciones municipales, aunque ese poder no reprodujera con exactitud las estructuras peninsulares.
La primera agricultura colonial no fue una reproducción de los modelos europeos. Los españoles no pudieron trasladar de inmediato los cultivos, las técnicas ni las relaciones laborales conocidas en la península, por lo que dependieron de la yuca, el casabe, los montones y los instrumentos empleados por la población originaria. La estancia surgió como una explotación mixta, destinada a producir alimentos para los colonos, las minas, las expediciones y los barcos que circulaban por el Caribe. En su funcionamiento se combinaron los conocimientos agrícolas indígenas, la organización europea del trabajo, los animales introducidos por los conquistadores y, más tarde, la fuerza laboral africana.
Esta interpretación rompe con la imagen de la colonización como un simple trasplante de instituciones peninsulares, muestra una sociedad que improvisa, adopta técnicas de las comunidades sometidas, modifica el sentido de las palabras importadas y crea nuevas formas de explotación. La vecindad, la estancia, el conuco, el hato, el corral y la sabana no designan realidades inmóviles. Su contenido cambia conforme se modifican las necesidades del comercio, la disponibilidad de trabajadores, la extensión de las tierras ocupadas y el poder de quienes controlan los órganos municipales.
El casabe adquiere una significación que supera su condición alimentaria. Fue mercancía, provisión naval, sustento de los trabajadores empleados en la minería y uno de los primeros productos cubanos incorporados al comercio intercolonial. La economía de los primeros años dependió de la agricultura indígena, aunque los conquistadores despreciaran sus productos y aspiraran a introducir cultivos europeos. La sociedad colonial necesitó apropiarse de los conocimientos de las comunidades que destruía o sometía. El colonizador rechazaba la cultura indígena, pero su supervivencia material dependía de ella.
El concepto que organiza una parte sustancial de la obra es el hecho consumado. Los conquistadores, gobernadores, regidores y vecinos poderosos ocupaban las tierras, introducían ganado, iniciaban explotaciones y solicitaban después el reconocimiento de una posesión que ya habían establecido. La legislación no precedía siempre al acto de apropiación. Llegaba para revestir de forma jurídica una situación creada por la fuerza, la costumbre, la influencia familiar o el fraude.
La debilidad del Estado en las Antillas permitió que las oligarquías locales ampliaran sus dominios con escasa vigilancia. Cuando la Corona comenzó a intervenir con mayor regularidad, no desarticuló la estructura surgida de aquellas apropiaciones, sino que la confirmó, la reglamentó o la convirtió en fuente de ingresos mediante las composiciones. Los ocupantes obtenían títulos o reconocimientos y la monarquía cobraba por legalizar lo que antes había sido poseído sin autorización suficiente.
El acuerdo entre la Corona y los poseedores no eliminaba la tensión existente entre ambos. El poder metropolitano reafirmaba que las tierras americanas pertenecían al patrimonio real y que los particulares recibían un derecho de uso condicionado. Los hacendados, por su parte, se comportaban como propietarios plenos, vendían, heredaban, permutaban o subdividían los fundos sin reconocer en la práctica las limitaciones jurídicas de las mercedes. La propiedad se formó mediante la transformación progresiva de un usufructo revocable en un dominio privado cuya legitimidad se sustentaba menos en la ley que en el poder de quienes lo ejercían.
El derecho agrario colonial aparece, por ello, como expresión de una correlación de fuerzas. Quienes controlaban los cabildos eran, en muchos casos, los mismos individuos que recibían las mercedes, intervenían en la delimitación de los terrenos y decidían sobre las reclamaciones. La institución encargada de representar el interés común actuaba bajo la influencia de los intereses privados de sus miembros. La legalidad municipal no puede estudiarse al margen de la composición social del cuerpo concejil.
Las Ordenanzas de Cáceres no instauraron un régimen capaz de corregir las apropiaciones anteriores. Procuraron administrar los excesos, disminuir los pleitos surgidos entre los integrantes de la minoría privilegiada y establecer procedimientos que permitieran continuar la concesión de tierras sin alterar el predominio oligárquico. La norma organizó el desorden, pero no destruyó sus causas. Formalizó una realidad que la ocupación, las alianzas familiares y el control de los cargos habían consolidado durante décadas.
El autor relaciona la merced de tierras con la presura medieval, institución mediante la cual la ocupación y el cultivo de tierras baldías podían convertirse en fundamento de un derecho. En determinadas regiones europeas, la presura había tenido un carácter popular, vinculado con la necesidad de establecer pobladores y ampliar los espacios agrícolas. En América perdió esa función originaria, ya que los grandes beneficiarios fueron conquistadores y oligarcas capaces de apropiarse de extensiones que pertenecían a los indígenas o que debían permanecer abiertas al aprovechamiento colectivo.
La comparación no pretende legitimar la conquista. Explica el mecanismo institucional mediante el cual el ocupante adaptaba su conducta a normas que favorecían sus intereses. La obligación de cultivar, poblar y no perjudicar a terceros parecía limitar el apoderamiento, aunque los derechos indígenas quedaban excluidos de la categoría de tercero y el incumplimiento de las condiciones rara vez provocaba la reversión de la tierra cuando el beneficiario pertenecía al grupo dominante.
La llamada decadencia de las décadas comprendidas entre 1530 y 1560 no aparece como una paralización absoluta de la colonia. La despoblación de las villas, el agotamiento de la minería aurífera, la salida de colonos hacia México y Perú y la crisis de las primeras estancias fueron componentes de una transformación estructural. La agricultura de origen indígena y el comercio de casabe perdieron importancia, mientras se expandieron la ganadería, el tráfico de cueros, los hatos, los corrales y una oligarquía estrechamente vinculada con los cabildos.
La crisis de unas actividades creó las condiciones para el predominio de otras. La economía insular, relacionada al principio con el abastecimiento de expediciones y embarcaciones, fue sustituida por una estructura basada en la ganadería extensiva, la escasa necesidad de trabajadores y la exportación legal o clandestina de cueros. La isla perdió importancia como centro de las empresas de conquista, pero La Habana adquirió una función estratégica dentro del sistema de flotas.
La minoría que permaneció en Cuba quedó en una posición favorable para apropiarse de las tierras abandonadas, el ganado mostrenco, los cargos municipales y las oportunidades comerciales. La despoblación no perjudicó a todos por igual. Los grupos capaces de resistir el empobrecimiento fortalecieron su posición y convirtieron su permanencia en una ventaja social. El control de la tierra, el ganado y el cabildo se concentró en unas familias que consolidaron su autoridad durante la etapa identificada tradicionalmente como decadente.
La formación de hatos y corrales permite seguir esta evolución. Las haciendas circulares no nacieron con límites, medidas y funciones definitivamente establecidos, sino como resultado de un proceso de ocupación, fijación territorial y reconocimiento institucional, habida cuenta que examina los cambios de significado de términos como hato, corral, sitio, sabana y cabaña, demostrando que la realidad económica precedió a la estabilidad de las palabras empleadas para describirla.
Este análisis del vocabulario agrario constituye una de las originalidades metodológicas del libro. Los cambios semánticos conservan las huellas de las transformaciones materiales. Cuando una palabra modifica su significado, también cambia la manera de explotar, medir, conceder y valorar el suelo. La forma circular del hato o del corral no fue el origen del sistema, sino el resultado de la progresiva fijación de prácticas ganaderas, límites, privilegios y procedimientos de mensura.
El crecimiento del azúcar y del tabaco durante el siglo XVII introdujo nuevas contradicciones. Ambos cultivos contribuyeron a disolver los antiguos latifundios pecuarios, pero promovieron otras formas de concentración. El ingenio necesitaba tierra, agua, bosques, combustible, esclavos, caminos y acceso a los puertos. La vega requería suelos fértiles, márgenes fluviales y protección frente al ganado.
La expansión de estas actividades enfrentó a agricultores y hacendados, aunque los propietarios ganaderos terminaron participando en los nuevos negocios. Algunos convirtieron partes de sus corrales en ingenios, arrendaron terrenos para vegas o combinaron el comercio de cueros con la producción azucarera. La oligarquía no desapareció con el cambio económico. Adaptó sus recursos, modificó sus inversiones y ocupó posiciones dentro de los sectores emergentes.
Después de 1640 se hace visible la subdivisión de hatos y corrales para fundar ingenios, establecer estancias o repartir tierras entre herederos. La ruptura del antiguo latifundio no condujo, sin embargo, a una distribución igualitaria. La agricultura comercial volvió a concentrar la tierra. La acumulación relacionada con el prestigio señorial y la ganadería extensiva cedió espacio a otra determinada por los beneficios del azúcar, el tabaco y el comercio internacional.
Hay dos formas históricas de concentración. La primera se encuentra vinculada con la posesión de grandes extensiones, el ganado y el control del cabildo. La segunda se relaciona con la agricultura comercial, la inversión, el mercado exterior y una explotación más intensa del trabajo. Ambas coexistieron durante un largo período, se enfrentaron y terminaron entrelazándose, puesto que numerosos miembros de la antigua oligarquía ganadera se transformaron en productores de azúcar o propietarios de explotaciones diversificadas.
El campesinado tabacalero ocupa una posición singular. Los vegueros aparecen como pequeños propietarios, arrendatarios, aparceros o cultivadores establecidos dentro de grandes haciendas y tierras realengas. Su enfrentamiento con los latifundistas contribuyó a la ocupación del interior, al surgimiento de asentamientos rurales y a la formación de una capa campesina con intereses propios.
Se le atribuye al auto del gobernador Salamanca de 1659 el valor de una partida de nacimiento del campesinado cubano. Esta afirmación no supone que antes no existieran agricultores menores, sino que señala el momento en que los vegueros adquirieron visibilidad jurídica, peso económico y capacidad para presentarse como un grupo diferenciado frente a los hacendados. Su defensa de las vegas, los márgenes de los ríos y los pequeños espacios de cultivo anticipó conflictos agrarios que continuarían durante los siglos posteriores.
La formación de la propiedad privada estuvo acompañada por la desaparición de las monterías, los montes comunales, los ejidos y los espacios en los que los habitantes pobres podían cazar, recoger leña, cortar madera, obtener guano, aprovechar las palmas o establecer pequeños cultivos. El desarrollo agrario colonial fue también un proceso de expropiación. Indígenas, negros libres, mestizos, colonos sin fortuna y vecinos carentes de la calidad exigida para recibir grandes mercedes perdieron el acceso a recursos utilizados de manera colectiva.
El avance de la propiedad individual no representó una simple modernización del régimen territorial. Significó la subordinación de los derechos comunitarios a los intereses de los grupos dominantes. Los ejidos fueron ocupados, repartidos o incorporados a explotaciones particulares. Las prohibiciones municipales se repetían sin eficacia, mientras los propios regidores aparecían implicados en el aprovechamiento privado de aquellos terrenos.
La contradicción institucional resulta evidente. El cabildo debía proteger los bienes comunes, pero estaba controlado por propietarios interesados en transformar esos espacios en prolongaciones de sus haciendas. La expresión bien común se repetía en las disposiciones municipales, aunque las decisiones concretas favorecieran a quienes poseían ganado, ingenios, estancias o influencia suficiente para obtener licencias.
En estos capítulos aparece una historia ambiental de la colonia que Le Riverend no desarrolla como línea independiente, pero que puede reconstruirse a partir de los conflictos examinados. La expansión de los ingenios consumía enormes cantidades de madera. Los montes próximos a La Habana se agotaban. El ganado destruía los cultivos. Las vegas se extendían por los márgenes de los ríos. El crecimiento azucarero reducía los bosques y los espacios pecuarios.
La historia de la propiedad fue también una historia de transformación del paisaje. Los conflictos no se reducían a la titularidad del suelo, pues comprendían el acceso al agua, los pastos, la madera, los caminos y los recursos requeridos tanto para la subsistencia urbana como para la producción exportadora. La apropiación territorial modificaba las relaciones entre la ciudad y su entorno, encarecía los productos indispensables y expulsaba a los habitantes pobres de los espacios que antes podían aprovechar.
Se reconoce que las fuentes ofrecen mucha más información sobre ciudades, cabildos, mercedes y disposiciones jurídicas que sobre la vida diaria de los trabajadores rurales. No puede determinarse con la misma precisión la cantidad, la localización y las funciones de esclavos, asalariados, aparceros, indígenas y hombres libres dentro de las haciendas. Esta admisión revela prudencia ante los límites documentales, pero señala una insuficiencia de la obra, puesto que la vida rural aparece con frecuencia observada desde las instituciones urbanas que pretendían regularla.
La relación entre ciudad y campo se aparta de ciertos modelos europeos. Las ciudades cubanas no surgieron como resultado de un crecimiento rural previo, capaz de producir excedentes y sostener nuevos centros urbanos. Fueron instrumentos de conquista, administración y comercio desde los cuales se organizó la ocupación del interior. La ciudad antecedió a la estructuración del campo y actuó como núcleo político, mercantil y territorial.
La Habana, convertida en puerto de las flotas, ejerció una fuerza económica superior a la de los demás centros urbanos. Su mercado, sus fortificaciones, su población flotante y su relación con el comercio atlántico orientaron el desarrollo occidental hacia la exportación. Las necesidades de abastecimiento de barcos, soldados, funcionarios y transeúntes impulsaron la agricultura cercana, mientras el comercio de larga distancia favoreció a los grandes propietarios y comerciantes.
Esta centralidad explica el crecimiento desigual de las regiones. La Habana y Matanzas se incorporaron con mayor intensidad al comercio internacional, mientras el centro y el oriente permanecieron vinculados a mercados locales, al contrabando y a explotaciones menos intensivas. La abundancia de documentos habaneros conduce a explicar una parte considerable de la historia agraria desde el ritmo occidental, aunque se procure incorporar informaciones procedentes de Santiago de Cuba, Bayamo, Puerto Príncipe, Trinidad, Sancti Spíritus y Remedios.
El predominio de La Habana constituye, a la vez, una conclusión histórica y una limitación documental. El autor demuestra que la desigualdad regional se formó desde los primeros siglos coloniales, pero la mayor conservación de actas y protocolos occidentales hace que algunas de sus generalizaciones resulten difíciles de aplicar con igual seguridad a todo el territorio.
La comparación con las colonias inglesas, francesas y portuguesas permite rechazar la supuesta superioridad natural de unos sistemas coloniales sobre otros. Todos recurrieron a principios regalistas, instituciones de origen medieval, concesiones señoriales, expropiación de poblaciones originarias y distintas formas de trabajo forzado. Las diferencias no procedieron de cualidades raciales o nacionales, sino de condiciones históricas concretas, entre ellas los mercados disponibles, las políticas metropolitanas, el acceso a trabajadores, las características geográficas y los grados de inserción en el capitalismo mercantil.
Cuba no aparece como una excepción aislada, sino como parte de un mundo atlántico en formación, dentro del cual los poderes europeos trasladaron instituciones antiguas, las modificaron y las pusieron al servicio de objetivos comerciales. El feudalismo y el capitalismo no se presentan como realidades puras y sucesivas, sino como elementos que se cruzan dentro de las sociedades coloniales.
Las monarquías concedían tierras con fórmulas procedentes de la tradición señorial, aunque esperaban obtener de ellas productos comercializables, ingresos fiscales y ventajas estratégicas. El carácter medieval de determinadas instituciones no impidió que fueran utilizadas por el capitalismo mercantil. La forma jurídica podía conservar rasgos antiguos mientras su función económica respondía a necesidades nuevas.
En los comentarios finales se hace visible el vocabulario marxista de la historiografía cubana de la época. Aparecen las categorías de modo de producción, fuerzas productivas, clases sociales, transición y subdesarrollo. En algunos pasajes, la explicación corre el riesgo de ordenar los procesos según una secuencia demasiado previsible, aunque el autor evita la simplificación cuando rechaza la existencia de modos de producción puros y describe la colonia como una combinación de relaciones comunitarias, feudalescas, esclavistas, asalariadas y mercantiles.
El capitalismo mercantil penetró en las colonias mediante la circulación, utilizó formas precapitalistas y modificó las relaciones existentes, pero no organizó plenamente la producción. La desposesión de la tierra, que en ciertas regiones europeas contribuyó a crear trabajadores disponibles para el desarrollo industrial, produjo en América poblaciones campesinas, semiproletarias y urbanas que la economía colonial no podía emplear de manera estable.
El resultado no fue una estructura social simplificada, sino una sociedad compuesta por capas cuyos límites resultaban imprecisos. Esclavos, trabajadores libres, campesinos, aparceros, artesanos, comerciantes y propietarios coexistían dentro de relaciones condicionadas por el origen étnico, la desigualdad jurídica, el mestizaje y la dependencia del comercio exterior.
La interpretación conserva una evidente marca ideológica, pero no se reduce a la aplicación mecánica de categorías. Le Riverend discute los conceptos, reconoce las particularidades coloniales y evita identificar sin reservas las haciendas cubanas con el feudalismo europeo o la economía exportadora con un capitalismo plenamente constituido.
La mayor logro de Problemas de la formación agraria de Cuba reside en presentar la formación territorial como un proceso conflictivo y discontinuo. No existe una línea recta desde la merced hasta la propiedad moderna. Hay ocupaciones de hecho, usufructos convertidos en dominios privados, bienes comunales destruidos, latifundios que se subdividen y vuelven a concentrarse, oligarquías que cambian de actividad y campesinos que surgen dentro de los intersticios del sistema.
También sobresale la integración de la historia económica, el derecho, la geografía, las instituciones, el comercio, la tecnología y el análisis social. La investigación no separa la tierra del trabajador ni la norma de los intereses que orientan su aplicación. La amplitud comparativa y la extensa bibliografía confirman el propósito de comprender la experiencia cubana como parte de procesos atlánticos y coloniales de mayor alcance.
La densidad documental produce, sin embargo, una exposición desigual. La acumulación de cédulas, fechas, acuerdos capitulares, variantes terminológicas y litigios particulares obliga al lector a reconstruir la tesis general entre discusiones jurídicas extensas. Algunos capítulos poseen el carácter de un archivo razonado, condición que fortalece su valor como investigación, aunque disminuye la continuidad narrativa.
La insuficiencia cuantitativa representa otra limitación. El propio autor reconoce que los protocolos notariales habrían permitido determinar con mayor precisión la subdivisión de las propiedades, los arrendamientos, las compraventas y las nuevas concentraciones. En varios momentos formula hipótesis cuya comprobación exigiría series documentales más completas.
Los indígenas, los africanos, los negros libres, las mujeres y los trabajadores rurales aparecen como fuerza laboral, categoría jurídica o grupo desposeído. Sus experiencias familiares, culturales y cotidianas reciben menos atención que las instituciones, los propietarios y los conflictos municipales. La obra identifica los mecanismos de explotación, pero no siempre puede reconstruir las respuestas de quienes los padecieron.
Oro aporte se encuentra en la relación que establece entre cada institución y los intereses que la sostienen. La vecindad expresa el propósito de fijar al colono. La estancia revela la dependencia de la agricultura indígena. El hato y el corral muestran el ascenso de la oligarquía ganadera. La composición manifiesta el acuerdo entre la Corona y los poseedores irregulares. La desaparición de los comunales descubre la expropiación de los sectores pobres. El ingenio y la vega exponen la transformación territorial provocada por el mercado internacional.
La propiedad agraria cubana no nació de una distribución legal y coherente, sino de la conquista, la ocupación, la expropiación indígena, el aprovechamiento privado de los bienes colectivos y la posterior legitimación de los privilegios. La tierra fue el espacio material en el que se definieron las primeras jerarquías de la sociedad colonial. Dominarla significaba controlar el trabajo, el comercio, los recursos naturales y las instituciones encargadas de distribuirlos.