La gramática invisible del postcomunismo

Por Ángelo Goicochea

Entre las obras que han intentado explicar el orden político surgido después del derrumbe del comunismo europeo, The Anatomy of Post-Communist Regimes ( La anatomía de los regímenes poscomunistas: Un marco conceptual, Hypermedia, 2023, 830 págs.) ocupa una posición singular, no tanto por añadir una nueva clasificación al vocabulario de la ciencia política cuanto por cuestionar el lenguaje con el que esa disciplina aprendió a describir las transiciones posteriores a 1989. Bálint Magyar y Bálint Madlovics parten de una sospecha metodológica que atraviesa todo el volumen: si los conceptos empleados para estudiar el poscomunismo fueron elaborados a partir de sociedades donde el Estado, el mercado y la comunidad alcanzaron grados relativamente altos de diferenciación, trasladarlos sin mediaciones a sociedades en las que esas esferas permanecieron durante décadas subordinadas a una misma jerarquía política conduce a confundir semejanzas institucionales con equivalencias sociológicas. Una constitución, un parlamento, una empresa privada o una elección pueden conservar nombres conocidos y, sin embargo, operar dentro de relaciones de poder cuyo principio efectivo no coincide con el significado que esas formas poseen en una democracia liberal.

Si el régimen liberal continúa funcionando como unidad de medida de toda transformación posterior al comunismo, incluso después de haber sido abandonada la expectativa ingenua de una democratización irreversible, el análisis permanece condicionado por el mismo punto de llegada que pretendía revisar. La transitología clásica imaginó países situados en distintas etapas de una carretera cuyo destino estaba decidido de antemano y, cuando las trayectorias comenzaron a apartarse de ese itinerario, respondió multiplicando adjetivos capaces de nombrar la distancia respecto del modelo esperado: democracias defectuosas, iliberales, electorales, incompletas, autoritarismos competitivos y otras combinaciones que, aunque ampliaron la precisión descriptiva, conservaron la gramática de una transición medida desde el final previsto. Magyar y Madlovics proponen abandonar esa carretera conceptual y preguntar, en cambio, por los principios internos mediante los cuales cada régimen organiza la relación entre poder, propiedad, legalidad y dependencia, pues un sistema no queda explicado por la distancia que lo separa de otro cuando las reglas profundas de su reproducción son diferentes.

De esa impugnación nace un volumen de más de ochocientas páginas que combina la ambición de un diccionario razonado con el funcionamiento de una anatomía comparada, ya que cada concepto es aislado, definido y posteriormente devuelto al conjunto para mostrar cómo se articula con los demás. Estado, élites, partidos, empresarios, propiedad, ideología, corrupción, medios de comunicación, coerción y redes sociales dejan de presentarse como objetos autónomos y pasan a formar parte de una misma estructura de relaciones, lo que proporciona al libro una coherencia poco frecuente en estudios que suelen fragmentar el análisis político, económico y sociológico. Esa misma voluntad de integración introduce, sin embargo, una dificultad que acompañará la lectura hasta el final: cuanto mayor es la capacidad de un lenguaje para ordenar fenómenos diversos, mayor es también el riesgo de que todo acontecimiento termine convertido en confirmación de su gramática y de que la resistencia de los casos concretos sea interpretada como una desviación secundaria respecto del tipo ideal.

Para impedir que la oposición entre democracia y dictadura determine de antemano la comparación, los autores recuperan el tipo ideal weberiano y construyen un espacio triangular cuyos polos principales son la democracia liberal, la dictadura comunista y la autocracia patronal, entre los cuales sitúan la democracia patronal, la autocracia conservadora y la dictadura explotadora de mercado. La geometría no pretende reducir cada país a una coordenada fija, sino obligar a considerar simultáneamente dimensiones que una escala lineal tiende a ocultar, sobre todo el grado de separación entre las esferas de acción social, la relación entre instituciones formales y redes informales, la manera en que poder y propiedad se convierten mutuamente, el papel de la ideología y la amplitud de la discrecionalidad política. Allí comienza la originalidad más productiva de la propuesta, pues el poder deja de identificarse automáticamente con el cargo que aparece en un organigrama, la propiedad con el nombre inscrito en un registro y el partido con el lugar formal donde se adoptan las decisiones.

A medida que la mirada abandona la superficie institucional y sigue las dependencias que enlazan política, riqueza y acceso, se vuelve visible también una tensión que conviene mantener abierta durante toda la lectura. Magyar y Madlovics describen con extraordinaria densidad los mecanismos mediante los cuales una autocracia patronal subordina instituciones, propietarios y organizaciones, pero el polo liberal que utilizan como contraste aparece en ocasiones demasiado depurado, como si la separación entre esferas, la impersonalidad de las reglas y la autonomía de los actores estuvieran plenamente realizadas allí donde existe una democracia constitucional. La objeción no elimina la utilidad del tipo ideal, porque ninguna tipología podría construirse sin acentuar rasgos, aunque obliga a recordar que las democracias realmente existentes contienen desigualdades de acceso, redes de influencia, concentración económica, captura regulatoria y disciplina partidista; la diferencia con una autocracia patronal no consiste en la ausencia absoluta de esas relaciones, sino en la existencia de mecanismos capaces de limitarlas, impugnarlas y someterlas a competencia pública.

Aunque una revolución jurídica pueda sustituir constituciones, legalizar partidos, privatizar empresas y convocar elecciones en un período relativamente breve, las relaciones sociales formadas durante décadas no desaparecen con la misma velocidad, razón por la cual la noción de estructuras persistentes se convierte en el punto de partida histórico del modelo. El comunismo no habría sido solamente un sistema de propiedad estatal y partido único, sino una organización de la sociedad que redujo la autonomía relativa de la política, la economía y la comunidad al subordinar decisiones pertenecientes a esferas distintas a una misma jerarquía político-administrativa. Cuando esa jerarquía se derrumba, las nuevas instituciones llegan a sociedades cuyos actores han aprendido a operar mediante dependencias, contactos, posiciones burocráticas y mecanismos de protección que no pueden ser abolidos por decreto, de modo que el problema de la transición deja de consistir únicamente en qué normas se promulgan y pasa a incluir qué sociología recibe esas normas y qué prácticas consigue apropiárselas.

Bajo esa premisa, las cuatro tesis que articulan el argumento histórico enlazan la viabilidad de determinados regímenes con el grado de separación de las esferas sociales, retroceden hacia las diferencias institucionales de Europa y Eurasia, examinan la manera en que las dictaduras comunistas frenaron o revirtieron procesos previos de diferenciación y concluyen que la democratización formal no modifica automáticamente las estructuras que organizan la vida cotidiana. La afirmación según la cual no existe una hoja en blanco después de la dictadura permite comprender por qué instituciones aparentemente idénticas producen resultados divergentes: un parlamento puede ser un espacio de deliberación o la instancia donde se formalizan decisiones adoptadas en otra parte; una privatización puede dispersar la propiedad o transferirla a quienes ya controlaban recursos políticos; una elección puede abrir una competencia entre programas o convertir en visible una pugna entre redes que se disputan el acceso al Estado. La modernización jurídica, lejos de eliminar por sí sola la sociología heredada, puede ofrecerle instrumentos nuevos.

Precisamente porque las persistencias históricas reciben una capacidad explicativa tan amplia, la apelación a fronteras civilizatorias introduce una de las zonas discutibles del libro. Reconocer que determinadas regiones llegaron al comunismo con distintos niveles de diferenciación institucional resulta históricamente razonable; convertir esa diferencia en una predisposición casi estructural hacia el patronalismo sería mucho más problemático, ya que dejaría en segundo plano rupturas, aprendizajes institucionales, cambios generacionales, shocks internacionales y decisiones contingentes que también modifican las trayectorias. Los autores se cuidan de hablar de tendencias y no de destinos, aunque la arquitectura de su explicación puede acercarse por momentos a un determinismo cultural que el propio método comparativo debería evitar. Con todo, permanece una corrección decisiva a la imaginación transitológica: ni el cambio de propiedad produce por sí solo capitalismo liberal ni el pluralismo partidista genera, por su mera existencia, una democracia asentada en relaciones impersonales.

Cuando la mirada se desplaza desde las persistencias históricas hacia la organización efectiva del Estado, el libro alcanza una de sus zonas conceptualmente más sólidas, puesto que obliga a definir con precisión términos que la discusión pública utiliza con frecuencia como si fueran intercambiables. Estado capturado, Estado cleptocrático, Estado depredador, neopatrimonialismo, clan, criminalidad gubernamental y Estado mafioso dejan de funcionar como metáforas acumulativas y pasan a responder a preguntas diferentes sobre quién domina la maquinaria pública, con qué finalidad, mediante qué relación con la propiedad y hasta qué punto las decisiones se encuentran coordinadas jerárquicamente. El movimiento decisivo consiste en distinguir, como tipos ideales, Estados orientados por un principio de interés social de aquellos en los que el interés de la élite se vuelve dominante, no porque todos los funcionarios compartan una psicología idéntica, sino porque concentración de poder y acumulación privada de riqueza comienzan a reforzarse mutuamente dentro de la lógica del régimen.

Entre esas categorías, la expresión Estado mafioso concentra la mayor fuerza polémica, aunque su significado no remita a la simple infiltración de organizaciones criminales tradicionales ni a un gobierno dedicado necesariamente a negocios clandestinos. Lo que Magyar y Madlovics intentan describir es una estructura en la cual el Estado queda apropiado por una red patronal organizada alrededor de un patrón principal, de manera que decisiones administrativas, legislación, coerción, contratación y redistribución de activos son utilizadas para fortalecer una jerarquía particularista. La analogía mafiosa se refiere, por tanto, a la subordinación personal y a la lógica de protección, castigo y fidelidad que articula la red, no a la identidad penal de cada operación. Ese desplazamiento permite observar regímenes donde la legalidad continúa funcionando en enormes zonas de la vida social mientras los espacios decisivos para la acumulación, la propiedad y la competencia política quedan sometidos a un principio distinto del que proclama la norma.

Lo más fértil del análisis aparece cuando la corrupción deja de concebirse exclusivamente como infracción individual de una regla que la institución continúa reconociendo como válida y pasa a examinarse como práctica susceptible de centralización, autorización y distribución jerárquica. En un Estado constitucional, el soborno o el favoritismo representan desviaciones respecto de una misión pública que conserva capacidad normativa; en un Estado apropiado por una red patronal, determinados actos formalmente irregulares pueden formar parte del modo normal mediante el cual se asignan recursos, se disciplinan subordinados y se recompensa la lealtad. Un índice que cuente sobornos o mida percepciones de corrupción capta mal un sistema donde las transferencias decisivas se producen mediante licitaciones diseñadas para un beneficiario, regulaciones selectivas, inspecciones asimétricas o leyes construidas para modificar el valor de un activo sin abandonar la apariencia de procedimiento. La ilegalidad no desaparece, pero deja de ser necesariamente una desviación descoordinada.

Si las consecuencias de una decisión dependen menos de criterios generales que de la identidad, la proximidad o el estatus de la persona afectada, la diferencia entre acción normativa y acción discrecional permite precisar cómo una forma jurídica puede sobrevivir mientras el principio real de asignación se desplaza hacia relaciones personales. Un régimen patronal no necesita abolir todo el derecho ni convertir cada transacción en arbitrariedad, pues puede mantener millones de operaciones rutinarias bajo reglas relativamente previsibles y reservar la discrecionalidad para los espacios donde se juega la distribución de recursos estratégicos o la capacidad de desafiar a la red dominante. La importancia de esta distinción reside en que impide confundir modernidad institucional con impersonalidad efectiva: una administración puede poseer procedimientos sofisticados, registros digitales y legislación abundante y, al mismo tiempo, seleccionar beneficiarios y adversarios mediante criterios que solo se comprenden cuando se reconstruyen las relaciones situadas detrás del expediente.

Aunque los autores delimiten cuidadosamente la noción de Estado mafioso, la palabra conserva una carga moral, penal e imaginaria que no desaparece por la precisión metodológica y que puede arrastrar hacia el tipo ideal asociaciones propias del crimen organizado convencional. Gábor Illés ha señalado que ciertos conceptos gruesos mezclan inevitablemente descripción y valoración, y esa observación resulta pertinente porque el atractivo expresivo del término puede llevar a utilizarlo como condena antes que como instrumento de diferenciación. Más problemática todavía es la posibilidad de que el principio de interés de la élite termine explicando demasiadas políticas mediante una racionalidad unificada de poder y enriquecimiento, cuando los gobiernos se encuentran atravesados también por burocracias profesionales, ideologías, presiones sectoriales, convicciones nacionalistas, cálculos electorales y ambiciones personales. Un tipo ideal puede ordenar esas dimensiones, pero pierde fuerza si se convierte en psicología total de quienes gobiernan.

Una vez desplazada la atención desde la institución formal hacia las relaciones que la atraviesan, la pregunta por los actores deja de reducirse a quién ocupa un cargo y pasa a incluir qué recursos posee, a quién debe obediencia, de quién recibe protección y en qué esfera se encuentra realmente la fuente de su poder. El contraste con la nomenklatura comunista permite captar la mutación: mientras en la dictadura comunista la jerarquía burocrática y el cargo preceden a la persona que los ocupa, de modo que la cadena formal organiza la dominación, en una autocracia patronal la red personal puede preceder a la posición institucional y rediseñar la estructura para acomodar a sus miembros. El ministro, el empresario o el director de un medio no son poderosos únicamente por la posición formal que ocupan, sino por su inscripción dentro de una red cuyo centro posee capacidad para protegerlos, promoverlos o despojarlos de recursos.

Más que una familia biológica, aunque pueda incorporar parentescos, la familia política adoptiva designa una comunidad jerárquica construida mediante favores, dependencia, protección y lealtades personales, dentro de la cual el acceso desigual a recursos crea una cadena de subordinaciones que conecta política, empresa, medios y administración. La utilidad del concepto radica en que permite comprender por qué entidades jurídicamente separadas pueden comportarse como partes de una misma estructura sin necesidad de fusionarse: un empresario conserva formalmente su propiedad, un medio mantiene su personalidad jurídica y un funcionario continúa sometido a una legislación administrativa, pero la capacidad real de actuar depende de una relación que no aparece en los documentos oficiales. La investigación política se convierte así en reconstrucción de vínculos y no en simple lectura de organigramas, pues saber de quién depende alguien puede resultar más revelador que conocer el nombre exacto de su cargo.

La misma reconstrucción distingue una situación oligárquica, en la que varios centros económicos compiten por influencia o capturan fragmentos del Estado, de una autocracia patronal donde una red consigue subordinar a las restantes y convertir la coerción estatal en el recurso superior de su jerarquía. El tránsito entre ambas formas ayuda a interpretar procesos en Rusia y otros espacios postsoviéticos donde la centralización estatal posterior a períodos de dispersión oligárquica no significó necesariamente retorno a la impersonalidad, sino concentración del patronazgo. Sin embargo, cuando la red adquiere una capacidad explicativa demasiado amplia, aparece un límite del modelo, porque la obediencia política no se agota en el intercambio de recursos y protección. Un liderazgo puede producir identificación, miedo, orgullo nacional o esperanza, y esas dimensiones simbólicas, que la teoría del patronalismo incorpora de manera insuficiente, pueden explicar por qué determinados seguidores aceptan sacrificios que no responden a un cálculo material inmediato.

Al trasladarse el análisis hacia la política, discutir, asociarse, elegir, legislar o hacer cumplir la ley dejan de tratarse como prácticas cuyo significado pudiera deducirse de su mera existencia, ya que su sentido depende de la estructura dentro de la cual operan. Un parlamento puede continuar votando mientras las decisiones decisivas se adoptan fuera de él; una fiscalía puede conservar procedimientos legales mientras selecciona adversarios; unas elecciones pueden mantener competencia nominal mientras la distribución de recursos vuelve casi imposible una alternancia efectiva. La forma democrática no desaparece porque conserva utilidad legitimadora y, precisamente por ello, el problema de la autocratización contemporánea no se resuelve preguntando si las instituciones siguen existiendo, sino hasta qué punto conservan capacidad para limitar al gobernante, proteger actores autónomos y producir incertidumbre real respecto de quién controlará el poder después de la próxima elección.

Dentro de esa diferencia entre forma y operación, la deliberación pública adquiere un lugar decisivo, puesto que una democracia liberal presupone no solo pluralidad de voces, sino centros de recursos suficientemente autónomos para sostener desacuerdo, competencia y alternancia. Una autocracia patronal puede tolerar iniciativa privada, medios parciales e incluso organizaciones civiles mientras impide que esas autonomías alcancen el volumen necesario para financiar una alternativa política independiente. Si todo régimen relativamente estable necesita proteger aquello que asegura su reproducción, la diferencia aparece en el objeto de la defensa: mientras un orden democrático procura impedir que una mayoría transitoria convierta su victoria en propiedad permanente del Estado, un orden patronal consolida su estabilidad reduciendo los espacios desde los cuales podría organizarse una impugnación con recursos propios. La cuestión no es la existencia abstracta de libertad, sino la distribución material de capacidades para ejercerla.

Precisamente porque la ruptura contemporánea del orden democrático no exige necesariamente suspender la legalidad, la noción de golpe constitucional o avance autocrático permite describir acumulaciones graduales de reformas que, siendo formalmente válidas, alteran la naturaleza de la competencia. Tribunales, fiscalías, leyes electorales, medios públicos y organismos de control pueden ser modificados mediante procedimientos regulares hasta que la oposición conserve derechos nominales sin disponer de garantías equivalentes para ejercerlos. La legalidad se transforma entonces en tecnología de autocratización, no porque toda reforma constitucional sea sospechosa, sino porque la secuencia acumulativa modifica la relación entre quienes gobiernan y quienes podrían reemplazarlos. Algo semejante ocurre con las democracias patronales, donde la pluralidad puede descansar menos en instituciones plenamente impersonales que en un equilibrio entre redes incapaces de absorberse unas a otras; ese equilibrio produce competencia, aunque permanece vulnerable a la monopolización.

Cuanto más minuciosa se vuelve la descripción de esos mecanismos, más visible resulta la asimetría con que el libro trata la democracia liberal, cuya sociología aparece menos desarrollada que la de los regímenes patronales. Las democracias reales contienen oligarquías parciales, desigualdades de acceso, captura regulatoria, medios concentrados, disciplina partidista y redes informales, sin que nada de ello elimine la diferencia institucional con una autocracia; precisamente por esa razón, una teoría comparativa gana precisión cuando presenta la impersonalidad democrática como un logro inacabado, sometido a corrección y conflicto, y no como estado natural del polo de contraste. Michael C. Zeller ha observado, además, que el afán de redefinición conceptual alcanza fenómenos como la acción colectiva y los movimientos sociales, para los cuales ya existe una terminología suficientemente fina. Un nuevo idioma resulta valioso cuando revela una diferencia antes invisible; se vuelve costoso cuando rebautiza sin aumentar capacidad explicativa.

Cuando la investigación se desplaza hacia la economía, la imagen de un mercado organizado primordialmente por precios y contratos impersonales cede ante la noción de economía relacional, donde el vínculo con el poder puede convertirse en un recurso tan decisivo como el capital, la tecnología o la productividad. Saber quién figura como propietario de una empresa resulta insuficiente si se desconoce qué protección política sostiene esa propiedad, qué contactos habilitan contratos, qué sectores se encuentran abiertos a la competencia y cuáles han sido reservados para clientes. En la medida en que el acceso al poder facilita activos, rentas, concesiones y mercados, mientras la riqueza acumulada financia medios, intermediarios, partidos y redes capaces de conservar ese acceso, poder y propiedad dejan de ser esferas que se contaminan ocasionalmente y pasan a formar una circulación estructural dentro de la cual cada magnitud puede transformarse en la otra.

Al distinguir intervención normativa y discrecional, impuestos generales y cargas selectivas, redistribución monetaria y apropiación coercitiva de activos, Magyar y Madlovics muestran que la intervención estatal solo puede evaluarse con precisión cuando se conoce quién decide, mediante qué regla y a favor de qué beneficiario. Una empresa puede ser debilitada a través de regulación, exclusión de contratos, auditorías o presiones hasta que venda, ceda o desaparezca, de modo que la transferencia de propiedad combina actos formalmente legales con una finalidad informal que solo se hace visible al reconstruir la secuencia completa. La misma lógica explica la diferencia entre corrupción descentralizada y centralizada: cuando múltiples funcionarios extraen rentas por iniciativa propia, la ilegalidad puede erosionar la capacidad estatal; cuando se coordina desde arriba, puede integrarse en un mecanismo de disciplina donde las campañas anticorrupción castigan la ilegalidad no autorizada y protegen, al mismo tiempo, las redes que redistribuyen recursos con respaldo político.

La comparación de sistemas económicos alcanza uno de sus casos más provocadores en China, conceptualizada como dictadura explotadora de mercado para describir una combinación en la cual el monopolio político del partido único convive con amplias zonas de coordinación mercantil utilizadas como fuente de productividad, inversión, legitimidad y crecimiento. La categoría obliga a abandonar el supuesto de que liberalización económica y liberalización política avanzan necesariamente juntas, pues un régimen puede aprender a utilizar el mercado sin aceptar la autonomía política de los actores que ese mercado produce. La formulación resulta sugerente también para otros casos donde la propiedad privada crece bajo un orden que conserva instrumentos suficientes para disciplinarla, aunque su aplicación exige atender a diferencias históricas e institucionales que impiden convertir toda economía no liberal en una variante de un mismo patrón.

Al llegar a este punto, el marco rebasa el espacio estrictamente poscomunista y se encuentra con problemas presentes en el capitalismo democrático, donde la conversión entre poder y propiedad, la concentración empresarial, la captura regulatoria y el acceso desigual a decisiones públicas tampoco son desconocidos. Sonja Avlijaš ha subrayado la necesidad de conectar las economías relacionales con la economía política global del capitalismo tardío, observación que evita convertir el patronalismo en anomalía cultural aislada y obliga a situarlo dentro de bancos internacionales, jurisdicciones financieras, cadenas de propiedad y flujos de capital que hacen posible la acumulación transnacional. La diferencia entre un capitalismo democrático y una autocracia patronal no reside en que el primero esté libre de relaciones, influencias o desigualdades, sino en el grado de arbitrariedad, en la existencia de contrapesos, en la capacidad de litigar contra el poder y en la posibilidad de convertir una denuncia sobre favoritismo en conflicto público con consecuencias institucionales.

Cuando las relaciones patronales descienden desde la cúspide y condicionan oportunidades laborales, acceso a recursos, promoción profesional y seguridad material, el problema deja de pertenecer exclusivamente a la sociología de las élites y adquiere una dimensión social capaz de explicar la reproducción cotidiana del régimen. Si la pirámide se limitara a un pequeño círculo de gobernantes y empresarios, su estabilidad sería frágil; para perdurar necesita que la dependencia se extienda hacia capas más amplias, de manera que empleos, contratos, protección y oportunidades queden asociados, en grados variables, a relaciones de lealtad. La patronalización social y la sociedad de clientela nombran esa expansión, dentro de la cual la autonomía individual se encarece porque abandonar la red puede significar perder no solo una preferencia política, sino recursos materiales indispensables para la vida cotidiana.

Al desplazar la mirada desde la coerción visible hacia dependencias incorporadas a decisiones ordinarias, el modelo explica cómo una estructura de obediencia puede reproducirse sin recurrir de manera permanente al terror masivo. Un ciudadano no necesita recibir una amenaza explícita cuando comprende que la seguridad de su empleo, la supervivencia de su negocio o la carrera de un familiar dependen de no cruzar determinados límites; la incertidumbre acerca del costo de perder protección disciplina la conducta antes de que la coerción tenga que manifestarse. La red produce obediencia mediante anticipación y convierte vulnerabilidades privadas en mecanismos políticos, de modo que la salida del país puede ser tolerada porque reduce presión interna mientras quienes permanecen aprenden el valor práctico de la lealtad. La tríada voz, salida y lealtad adquiere así un sentido patronal: el poder procura transformar la voz en adaptación o empujar hacia la salida a quienes se resisten a la relación de dependencia.

A medida que el análisis incorpora ideología y mercado político, los autores distinguen entre regímenes en los que una doctrina organiza efectivamente instituciones, propiedad y legitimidad y otros donde el repertorio ideológico se selecciona con mayor flexibilidad según su utilidad para conservar poder, producir enemigos y legitimar al patrón. La extraordinaria plasticidad discursiva de ciertos liderazgos poscomunistas, capaces de modificar aliados, adversarios, políticas económicas y referencias doctrinales sin experimentar una crisis visible de identidad, se comprende mejor cuando la ideología es tratada como repertorio adaptable. Sin embargo, esa solución abre una objeción importante, pues las ideas no funcionan únicamente como decoración exterior del interés: pueden organizar percepciones, definir sacrificios aceptables, convertir adversarios en enemigos morales y orientar decisiones costosas desde una racionalidad inmediata de enriquecimiento. Un actor puede instrumentalizar un nacionalismo y, al mismo tiempo, creer en él.

A esa reserva se añade la presencia relativamente débil del lenguaje de clase, cuya incorporación permitiría examinar cómo la patronalización interactúa con posiciones laborales, desigualdades regionales, transformaciones ocupacionales y conflictos distributivos que no dependen exclusivamente de vínculos personales. La clientela describe relaciones verticales, pero una sociedad patronalizada continúa conteniendo grupos con intereses estructurales propios, recursos culturales diferentes y capacidades desiguales para resistir o negociar. Integrar ambas dimensiones ampliaría la explicación de por qué ciertas capas aceptan la oferta autocrática mientras otras conservan medios para sostener distancia. Con esas limitaciones, la dimensión social completa de manera indispensable la anatomía, porque el régimen deja de aparecer como una estructura concentrada en la cúspide y se muestra como una ecología de dependencias capaz de modificar los cálculos privados de miles de individuos que relacionan seguridad material con obediencia política.

Si esta noción de patronalización social se traslada al caso cubano sin convertirla en equivalencia mecánica con el espacio poscomunista europeo, resulta posible examinar cómo una sociedad que conserva un régimen de partido único ha ido diferenciando zonas de actividad económica mientras mantiene una estructura política capaz de condicionar accesos fundamentales a recursos, seguridad, posiciones y oportunidades. La utilidad del marco no reside en declarar que Cuba ya pertenece a una autocracia patronal idéntica a las descritas en Europa oriental, pues la continuidad del partido único, la centralidad constitucional de la propiedad estatal y la ausencia de pluralismo político siguen acercándola al polo de la dictadura comunista; reside, más bien, en detectar dentro de esa estructura mecanismos de dependencia relacional que podrían adquirir un peso creciente a medida que la economía se hace más heterogénea y que actores privados, empresas estatales y administradores políticos necesitan interactuar de manera más intensa.

Mucho antes del crecimiento reciente del sector privado, la política de cuadros y la nomenklatura habían establecido una genealogía de dependencia en la que la promoción administrativa, el acceso a cargos de dirección y la continuidad profesional quedaban vinculados a una estructura de evaluación política y confianza superior. El término nomenklatura, heredado de la experiencia soviética, designa no solo una lista de cargos sino un principio de selección política de las posiciones estratégicas, dentro del cual el director de una industria o empresa estatal no aparece únicamente como especialista encargado de maximizar producción, productividad o rentabilidad, sino como cuadro situado en una cadena de promoción cuya continuidad depende de organismos superiores, credenciales políticas y relaciones de confiabilidad. Los estudios sobre institucionalización partidista en Cuba, entre ellos los trabajos de William M. LeoGrande, permiten observar cómo el control de nombramientos convirtió la administración económica en parte de una estructura donde competencia profesional y obediencia política nunca quedaron enteramente separadas.

Esa genealogía obliga a distinguir paternalismo y patronalismo, términos cercanos en apariencia pero analíticamente diferentes. El paternalismo remite a un Estado que legitima su tutela mediante la promesa de protección, empleo, educación, salud o seguridad y que trata a la sociedad como una comunidad cuya autonomía puede ser limitada en nombre del cuidado; el patronalismo describe una red vertical en la que oportunidades y recursos dependen de relaciones particulares de protección, favor y subordinación. En Cuba ambos mecanismos pueden superponerse, pues el discurso de protección social establece una relación general entre Estado y ciudadanía mientras la vida administrativa produce cadenas concretas dentro de las cuales el funcionario depende del cuadro superior, el director de la empresa depende del organismo o ministerio que lo evalúa y quienes se relacionan con esa empresa dependen, en grados variables, de decisiones que no siempre están garantizadas por una regla impersonal.

Dentro de esa cadena, el director de una empresa estatal ocupa simultáneamente la posición de cliente y de patrón, de modo que su autoridad administrativa no puede analizarse separada de la protección política que necesita para conservar el cargo ni del margen discrecional que ejerce sobre subordinados, proveedores y actores externos. Hacia arriba, responde a metas, evaluaciones, orientaciones y límites fijados por instancias superiores; hacia abajo, administra recursos, contratos, prioridades, empleos, acceso a activos y relaciones que pueden convertirse en oportunidades para otros. Esa doble condición resulta central para comprender la subordinación paternalista que se ha formado históricamente entre dirigentes del Partido, directores de industrias y cuadros intermedios, porque cada nivel aprende a resolver problemas mediante la mediación de quien posee un margen mayor de decisión y, al mismo tiempo, reproduce la misma lógica respecto de quienes dependen de él. La obediencia no necesita una orden permanente cuando los actores internalizan qué decisiones pueden poner en riesgo la relación que sostiene su posición.

La asimetría encuentra respaldo institucional en la Constitución de 2019, cuya definición del Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado y cuya afirmación de la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía delimitan el campo dentro del cual las formas privadas pueden expandirse. La aparición de nuevos actores económicos no ocurre, por tanto, en un espacio donde propiedad estatal y propiedad privada se enfrentan como sujetos jurídicos equivalentes dentro de un mercado regulado por una autoridad políticamente neutral, sino en una estructura donde el sector estatal conserva acceso privilegiado a activos, infraestructura, decisiones administrativas y canales institucionales. Esa diferencia no implica que toda relación entre empresa pública y privada sea patronal, aunque crea condiciones para que la negociación económica se personalice cuando el derecho no garantiza de manera uniforme acceso, recurso, revisión y protección frente a la arbitrariedad.

Aunque la expansión del trabajo por cuenta propia y, sobre todo, la autorización de micro, pequeñas y medianas empresas privadas desde 2021 modificaron de manera significativa la estructura social cubana, ese crecimiento no eliminó la posición del Estado como administrador de accesos esenciales ni convirtió automáticamente al empresario en un actor autónomo frente a la maquinaria pública. Javier Corrales había descrito para las reformas de los años noventa un gatekeeper state, un Estado portero que no necesita clausurar por completo el mercado cuando conserva capacidad para controlar las puertas de entrada y salida, seleccionar sectores, administrar autorizaciones y graduar la autonomía concedida. La noción sigue siendo útil para observar una economía donde el espacio privado puede crecer al mismo tiempo que licencias, importaciones, divisas, locales, asociaciones, fiscalización y relaciones con empresas estatales permanecen sometidos a decisiones cuya previsibilidad no siempre depende únicamente de reglas generales.

Cuando las regulaciones de 2024 reorganizaron controles sobre los actores no estatales y las reformas posteriores intentaron ampliar determinados márgenes de autonomía, se hizo visible una tensión estructural entre la necesidad de aprovechar capacidades privadas y la voluntad de conservar instrumentos suficientes para ordenar su expansión. La dependencia del sector privado puede analizarse, por ello, en capas superpuestas que incluyen autorización jurídica, acceso a divisas, importación, arrendamiento de locales, contratación con empresas estatales, fiscalización, relación con gobiernos territoriales y disponibilidad de insumos o infraestructura. Ninguna de esas dimensiones demuestra por sí sola la existencia de patronalismo; el rasgo aparece cuando la posibilidad efectiva de ejercer un derecho depende de la identidad del actor, del contacto apropiado o de la intervención de un mediador cuya decisión no puede ser revisada en condiciones equivalentes. En ese punto, la diferencia entre permiso y derecho adquiere una importancia política mayor que la simple cantidad de empresas autorizadas.

Que los contactos personales posean un peso significativo en la búsqueda de empleo y en la navegación de oportunidades económicas, como ha mostrado Sara Romanò, no constituye por sí solo una singularidad cubana, pues todas las economías contienen capital social, recomendaciones y redes; la diferencia aparece cuando el contacto sustituye de manera recurrente lo que una regla impersonal debería garantizar. En un mercado relativamente abierto, conocer a alguien puede mejorar una oportunidad ya existente; en una estructura patronalizada, conocer a la persona adecuada puede determinar que la oportunidad exista. La palabra palanca, utilizada durante décadas para describir contactos capaces de abrir puertas, adquiere así una densidad sociológica que rebasa su sentido coloquial, porque expresa una percepción social según la cual la relación personal no es solamente ventaja suplementaria, sino mecanismo capaz de corregir, acelerar o sustituir el procedimiento formal.

Con la entrada en vigor, el 2 de abril de 2026, del Decreto-Ley 114/2025, que regula asociaciones entre entidades empresariales estatales y no estatales y permite, entre otras modalidades, sociedades de responsabilidad limitada mixtas, la relación entre ambos sectores adquiere una forma jurídica que vuelve todavía más importante examinar la simetría efectiva entre las partes. Que la recuperación productiva requiera cooperación entre recursos estatales y capacidades privadas puede corregir ineficiencias y ampliar escalas, aunque la pregunta institucional consiste en saber si esa asociación crea sujetos con derechos equivalentes o formaliza una relación donde la empresa estatal aporta activos, infraestructura, autorizaciones y acceso a mercados que la parte privada no puede obtener por sí misma. La respuesta dependerá menos de la denominación societaria que de reglas efectivas de entrada y salida, solución de controversias, protección de la propiedad, transparencia de criterios y posibilidad real de impugnar una decisión estatal sin poner en riesgo la continuidad del negocio.

Aunque las reformas aprobadas en junio de 2026 procuraron reducir puntos de intermediación mediante una mayor autonomía empresarial y posibilidades más directas de importación y exportación, la disminución de trámites no equivale automáticamente a una despatronalización mientras las fuentes políticas de regulación, revisión y sanción permanezcan altamente concentradas. Si los intermediarios obligatorios disminuyen, el acceso a divisas se hace menos discrecional y las decisiones comerciales quedan protegidas por reglas generales, parte de la dependencia puede reducirse; si la apertura se acompaña, en cambio, de nuevas formas de selección administrativa o de alianzas privilegiadas, la estructura relacional puede simplemente desplazarse hacia otros puntos. La liberalización económica debe evaluarse, por tanto, no solo por la cantidad de actividades permitidas, sino por la medida en que transforma permisos revocables en derechos previsibles y relaciones verticales en contratos sujetos a revisión institucional.

Entre la cúpula política y el nuevo empresariado, los dirigentes partidistas y los directores industriales forman una capa de intermediación cuya importancia deriva de que cada actor controla recursos diferentes —autoridad política, activos estatales, liquidez, redes comerciales, capacidad de importación, información o abastecimiento— sin que el intercambio se produzca necesariamente en condiciones simétricas. El dirigente necesita estabilidad territorial o sectorial, cumplimiento de metas y abastecimiento; el director estatal necesita resultados, recursos y protección dentro de una cadena superior; el empresario privado necesita continuidad jurídica, acceso a mercados, contratos y decisiones administrativas que no puede producir por sí mismo. Cada uno posee algo que los demás requieren, pero solo algunos controlan la capacidad de modificar reglas, autorizar operaciones o activar mecanismos sancionadores. La modernización económica puede, en consecuencia, producir nuevos actores privados sin producir todavía ciudadanos económicos plenamente autónomos si la supervivencia de esos actores depende de alianzas que sustituyen derechos insuficientemente garantizados.

Precisamente por ocupar una posición donde convergen información interna, contratos, cadenas logísticas, activos y vínculos con instancias superiores, el director empresarial merece una atención especial al pensar en las posibles trayectorias de una transición cubana. En varias economías poscomunistas de Europa oriental, administradores de empresas estatales utilizaron conocimiento, contactos y posición burocrática para convertirse durante las privatizaciones en propietarios o intermediarios de nuevos conglomerados; nada autoriza a afirmar que Cuba repetirá ese itinerario, aunque la comparación obliga a formular la pregunta antes de que ocurra una transformación formal. Quienes hoy controlan información, activos, contratos, cadenas logísticas, empresas militares o grandes corporaciones estatales poseen ventajas organizativas que podrían adquirir un valor extraordinario si las fronteras entre propiedad estatal y privada se modifican rápidamente. El postcomunismo cubano, en ese sentido, podría comenzar a preparar algunos de sus actores antes de que desaparezca el orden institucional comunista.

Si se acepta con prudencia que ciertos mecanismos pueden preceder al cambio de régimen, la expresión postcomunismo anticipado sirve para nombrar no una condición política ya consumada, sino la formación de relaciones entre acceso, riqueza, administración y poder capaces de sobrevivir a la estructura que las produjo. Cuba continúa más próxima, dentro de la tipología de Magyar y Madlovics, al polo de la dictadura comunista que al de la autocracia patronal, dado que conserva partido único, monopolio político y centralidad constitucional de la propiedad estatal; al mismo tiempo, la expansión de actores privados, la creciente importancia de relaciones contractuales entre sectores y la posibilidad de convertir acceso administrativo en ventaja económica introducen mecanismos que el vocabulario poscomunista ayuda a detectar. No es necesario que el comunismo haya terminado para que aparezcan redes interesadas en asegurar su posición durante lo que venga después.

De ahí que la evolución del sector privado deba evaluarse menos por su tamaño cuantitativo que por el grado de autonomía jurídica, económica y asociativa que consiga frente a la jerarquía política. Una trayectoria hacia mayor autonomía exigiría derechos de propiedad estables, acceso no discriminatorio a mercados e infraestructura, asociaciones empresariales independientes, tribunales capaces de resolver conflictos frente al Estado y reglas de competencia aplicables a empresas públicas y privadas; una trayectoria patronalizada conservaría la apertura, pero haría depender las oportunidades de conexiones, autorizaciones selectivas y alianzas con actores estatales. La diferencia no es simplemente entre más o menos mercado, sino entre un espacio económico donde las relaciones tienden a ser impersonales y otro donde la posición dentro de una red determina el valor efectivo de los derechos. El número de empresas puede aumentar en ambos escenarios y, sin embargo, las consecuencias políticas de ese crecimiento serían radicalmente distintas.

Lo más significativo de esta lectura es que la subordinación no necesita descansar únicamente en la represión, pues también puede reproducirse mediante expectativas de protección que convierten la resolución de problemas, la continuidad profesional, el acceso a una licencia o la obtención de un recurso en beneficios vinculados a una cadena de mediaciones. El trabajador espera que el director resuelva; el director espera que el organismo superior lo sostenga; el empresario espera que una autoridad facilite la importación, el local, la asociación o el contrato; la autoridad espera disciplina, cooperación y ausencia de desafío político. Cada relación contiene beneficios reales y precisamente por eso resulta más resistente que una obediencia puramente forzada. El paternalismo cubano adquiere entonces una dimensión patronal cuando el Estado no solo promete cuidar a la sociedad, sino que organiza posiciones desde las cuales los individuos aprenden a buscar tutela dentro de una cadena cuya continuidad depende de lealtades y márgenes discrecionales.

Una aplicación rigurosa del marco exige evitar dos simplificaciones opuestas: presentar toda empresa privada como fachada del poder desconocería la diversidad real de propietarios, trabajadores, fuentes de capital y estrategias de supervivencia; deducir de la mera existencia de miles de negocios una sociedad civil económica plenamente independiente ignoraría las condiciones administrativas dentro de las cuales esas empresas operan. Entre ambas imágenes se encuentra una zona más compleja, donde actores genuinamente privados pueden desarrollar iniciativa, acumular recursos y crear redes sociales propias y, al mismo tiempo, verse obligados a negociar con un Estado que conserva capacidad para definir accesos fundamentales. Esa zona intermedia resulta especialmente fértil para estudiar la Cuba contemporánea, porque permite observar cómo la diferenciación económica puede avanzar más rápido que la autonomía política y cómo una sociedad más heterogénea no necesariamente produce, de forma automática, relaciones menos verticales.

Una vez reunidas las dimensiones anteriores, el espacio triangular de seis tipos ideales permite representar regímenes que no caben adecuadamente en una sola línea entre democracia y dictadura, porque formalidad, patronalismo, propiedad, mecanismos económicos, papel del partido, corrupción e ideología se combinan de manera distinta. Aplicado a doce países, el marco diferencia cambios de régimen de cambios de modelo y convierte la tipología en una cartografía de trayectorias donde Estonia, Rumanía, Kazajistán, China y otros casos muestran desplazamientos que una secuencia simple de democratización o autocratización no alcanza a describir. La capacidad comparativa de la propuesta reside en que obliga a preguntar qué clase de pluralismo existe, cómo se relacionan poder y propiedad, cuál es la amplitud de la arbitrariedad y qué recursos autónomos pueden sostener oposición, en vez de detenerse en la presencia o ausencia de una institución determinada.

Sin embargo, cuanto más complejo se vuelve el espacio conceptual, más discutible resulta fijar la frontera entre un tipo y otro, puesto que todo tipo ideal necesita acentuar rasgos y decidir qué dimensión pesa más cuando los indicadores apuntan en direcciones diferentes. A esa dificultad se añade la velocidad de la transformación histórica: un marco publicado en 2020 captura trayectorias hasta ese momento y debe permanecer abierto a acontecimientos posteriores capaces de desplazar casos o modificar mecanismos que parecían estabilizados. Tampoco puede darse por resuelta la cuestión de la universalidad, porque categorías como apropiación informal del Estado, discrecionalidad, partidos de transmisión o economías relacionales parecen aplicables más allá del poscomunismo, aunque extenderlas demasiado podría diluir precisamente la especificidad histórica que justificó su creación. La teoría conserva mayor utilidad cuando funciona como instrumental comparativo y no como ontología de toda política contemporánea.

En Cuba, el triángulo exige una precisión adicional, porque ubicar el país sin más dentro de la autocracia patronal borraría instituciones centrales de la dictadura comunista, mientras situarlo exclusivamente en ese polo impediría observar transformaciones económicas y relacionales que ya no reproducen de manera intacta el modelo clásico de planificación. La pregunta por una transición no podría reducirse a elecciones, reforma constitucional o privatización, ya que el problema decisivo sería determinar si las redes formadas bajo el sistema actual consiguen convertir posiciones administrativas, información privilegiada y control de activos en ventajas privadas duraderas. Una privatización jurídicamente impecable podría reproducir relaciones profundamente desiguales si quienes llegan a ella poseen recursos acumulados mediante su posición anterior; del mismo modo, una apertura gradual podría reducir la patronalización si transforma acceso selectivo en reglas generales y crea mecanismos capaces de impedir que los intermediarios del viejo orden monopolicen las oportunidades del nuevo.

La aceleración reformista de 2026 vuelve esa cuestión más urgente y también más compleja, porque una mayor autonomía empresarial y la reducción de intermediarios pueden abrir relaciones económicas menos personalizadas, aunque las mismas aperturas podrían ser apropiadas por redes previamente posicionadas si no existen controles independientes, transparencia y vías eficaces de impugnación. Ninguna trayectoria está predeterminada, y precisamente por eso la noción de patronalización resulta más útil como criterio de observación que como sentencia histórica. Para cada reforma puede preguntarse si aumenta la autonomía de los actores, si convierte permisos en derechos, si reduce el valor económico de la cercanía política, si amplía la capacidad de litigar frente al Estado y si distribuye oportunidades de modo general o particularista. El futuro institucional depende menos del nombre de las nuevas formas empresariales que de las relaciones efectivas que esas formas permitan construir.

Después de más de setecientas páginas de definiciones, comparaciones y trayectorias, se comprende que la construcción de un lenguaje no constituye un objetivo auxiliar, sino la intervención principal del libro sobre la manera en que se perciben los sistemas surgidos del comunismo. Su fuerza se aprecia cuando obliga a abandonar tres automatismos muy arraigados: las instituciones formales no revelan por sí solas dónde reside el poder; la corrupción no es siempre desviación individual respecto de una misión pública intacta; propiedad y política no son necesariamente esferas autónomas que se contaminan solo en ocasiones. Frente a esos supuestos, Magyar y Madlovics ofrecen redes patronales, familias políticas adoptivas, Estados apropiados, economías relacionales y sociedades de clientela, un vocabulario que obliga a seguir cadenas de dependencia y a preguntar quién puede ordenar, quién puede negarse, quién posee recursos autónomos y quién conserva capacidad de castigar.

Más productiva que la expresión Estado mafioso, cuya potencia polémica puede oscurecer en ocasiones su precisión, resulta la diferencia entre forma y operación, porque permite comprender cómo un régimen puede conservar fiscalías, empresas, partidos, congresos, elecciones y procedimientos mientras modifica las relaciones reales que determinan su uso. La modernidad institucional no desaparece necesariamente; puede ser subordinada. Esa observación constituye una de las contribuciones más duraderas del libro, aunque la misma ambición totalizadora que proporciona coherencia al sistema conceptual introduce su principal reserva: patronalismo, interés de élite e informalidad poseen tanta capacidad explicativa que, si no se manejan con disciplina comparativa, pueden volver difícil identificar qué evidencia refutaría el modelo. La teoría gana cuando sus tipos funcionan como instrumentos heurísticos y pierde cuando se convierten en esencia profunda de sociedades enteras.

Si el polo liberal se presenta como un espacio donde las esferas aparecen separadas, las normas son impersonales y la ideología se retira, la comparación pierde parte de su precisión, porque las democracias realmente existentes conviven con poder económico, redes, sesgos de clase, luchas hegemónicas y desigualdades de influencia. Reconocer esas impurezas no elimina la diferencia con una autocracia patronal; la vuelve más exacta al situarla en la capacidad de corrección, alternancia, litigio y competencia que permite impugnar la apropiación. Algo semejante ocurre con la ideología, ya que los actores patronales pueden manipular discursos y, al mismo tiempo, habitar sinceramente el universo moral que esos discursos construyen. Una teoría del patronalismo enriquecida por una teoría más profunda de la creencia política y de la estructura de clases explicaría mejor por qué ciertos regímenes se radicalizan incluso cuando algunas decisiones parecen costosas desde el interés inmediato de quienes gobiernan.

Con esas reservas, el balance sigue siendo favorable, no porque cada término deba sobrevivir intacto, sino porque el aparato conceptual altera la mirada del lector y vuelve más difícil utilizar sin distinción palabras como oligarca, corrupción, partido o democracia. Lo que permanece como utilidad más duradera no es una profecía del poscomunismo, sino un instrumental para estudiar metamorfosis del poder después de la desaparición de su forma comunista clásica, sobre todo cuando instituciones nuevas pueden ser ocupadas por relaciones sociales mucho más antiguas. El fin de la propiedad estatal no garantiza la separación entre poder y riqueza, del mismo modo que el fin del partido único no garantiza autonomía política; una sociedad puede abandonar el comunismo y conservar mecanismos que permiten a unas esferas dominar a las otras. La pregunta decisiva de toda transición no es únicamente qué instituciones se inauguran, sino qué relaciones consiguen apropiárselas.

En el caso cubano, esa advertencia rebasa el diagnóstico del presente porque permite seguir cómo un sistema de partido único liberaliza zonas de la economía sin renunciar al control de accesos decisivos y cómo esa diferenciación puede avanzar sin producir todavía una esfera privada políticamente autónoma. La relación entre dirigentes partidistas, directores empresariales y empresarios privados constituye un laboratorio privilegiado para observar la transformación de la obediencia burocrática en dependencia relacional: allí donde el director necesita protección superior, el privado necesita acceso administrado y el dirigente necesita resultados económicos que refuercen estabilidad, la pirámide encuentra condiciones para reproducirse aun cuando el discurso oficial hable de autonomía, descentralización o cooperación. La apertura no produce por sí sola emancipación económica si quienes participan en ella continúan obligados a negociar sus derechos como favores.

La pregunta de fondo no consiste, por ello, en decidir si Cuba ya merece la denominación de sociedad poscomunista, sino en determinar hasta qué punto mecanismos capaces de organizar el día posterior se están formando antes del final institucional del comunismo. Si la apertura económica avanza sin una despersonalización paralela del derecho, una futura transferencia de activos y oportunidades podría quedar marcada por posiciones acumuladas dentro de las redes actuales; si, por el contrario, las reformas convierten permisos en derechos, relaciones verticales en contratos revisables y acceso selectivo en reglas generales, el crecimiento del sector privado podría erosionar la patronalización en lugar de reforzarla. Entre esas dos trayectorias se encuentra una de las preguntas más importantes para la anatomía futura del poder cubano, porque el problema de una transición no será únicamente abandonar una forma de propiedad o de gobierno, sino impedir que las relaciones de dependencia que aprendieron a vivir dentro de ella se conviertan en los propietarios invisibles del nuevo orden.

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