Por Héctor A Rodríguez PhD.
La reciente cumbre celebrada en Bakú puso fin a las “vacaciones diplomáticas” de asistentes de 200 países y 50,000 ciudadanos, quienes disfrutaron no solo de los debates, sino también de los placeres asociados a estas reuniones internacionales. Entre los acuerdos destacados, se aprobó triplicar la financiación pública para los países en desarrollo, pasando de un objetivo anual de 100,000 millones de dólares a 300,000 millones para 2035, una cifra que, para contextualizar, supera el PIB conjunto de 18 países americanos.
Además, se anunció la ambiciosa meta de movilizar 1.3 billones de dólares anuales de fuentes públicas y privadas hacia 2035, bajo lo que se denomina el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG). Este acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones, requiere unanimidad en cada palabra del texto, una proeza retórica que subraya la complejidad del consenso global.
Simón Stiell, Secretario Ejecutivo de ONU Cambio Climático, definió este objetivo como una “póliza de seguro para la humanidad” y advirtió que, como cualquier póliza, solo es efectiva si se paga en tiempo y forma. Sin embargo, esta narrativa asocia implícitamente el cumplimiento de las primas con la culpa climática, proyectando responsabilidades en el calentamiento global incluso en aspectos financieros.
De manera irónica, los resultados comprometen a los países más ricos a distribuir 300,000 millones de dólares anuales hasta 2035, mientras se destinará medio billón para un reparto más inmediato. Dentro de esta redistribución, destaca la autoinclusión de China entre los Países Menos Aventajados (PMA), asegurándose una porción significativa de los fondos, a pesar de ser una de las mayores economías del mundo.
La cumbre también incorporó debates sobre fenómenos climáticos específicos, como la DANA en Valencia. En un giro peculiar, los representantes españoles fueron cuestionados por un evento similar ocurrido hace 67 años, mucho antes de las cumbres climáticas y de las narrativas de cambio climático global, dejando en evidencia la dificultad de atribuir causas modernas a desastres históricos.
Entre los beneficiarios de estos fondos, Samoa emerge como un caso curioso. Este pequeño país, con un PIB de 1.25 mil millones de dólares y una población comparable a la de Hialeah, goza de un clima estable y un sistema energético eficiente desde 2021, gracias a fuentes renovables. Sin embargo, se encuentra en la lista de los PMA, accediendo así a fondos globales a pesar de su relativa estabilidad.
En una nueva derivación temática, la cumbre vinculó género y clima como un objetivo adicional. Según esta agenda, el cambio climático afecta la igualdad de género, una afirmación que seguramente provocará escepticismo entre críticos como John Clauser, premio Nobel de Física, y otros 1,500 científicos que rechazan la existencia de una emergencia climática.
La cumbre de Bakú ejemplifica cómo las políticas climáticas globales se entrelazan con agendas diversas, a menudo generando preguntas sobre la asignación de fondos y la eficacia real de estas iniciativas. Como siempre, la reflexión crítica y el análisis independiente son imprescindibles para llegar a conclusiones.
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