Lecturas sobre «Azúcar y población en las Antillas»

Por El Coloso de Rodas

Primera lectura

Si no recuerdo mal, el primer contacto que tuve con Azúcar y población en las Antillas, de Ramiro Guerra, fue en 1984, durante el tercer año de la carrera de Historia en la Universidad de Oriente, en la asignatura Historiografía de Cuba, impartida por la profesora María Nelsa Trincado. La profesora había organizado un seminario dedicado íntegramente a la obra y, para su estudio, dividió la clase en varios grupos, asignando a cada uno un capítulo específico. Tras un período de preparación y lectura, debíamos exponer ante nuestros compañeros las ideas fundamentales del texto y debatir sus principales tesis.

El libro que nos sirvió de base para aquella aventura universitaria fue la quinta edición publicada en 1970 por la Editorial de Ciencias Sociales. Aquel volumen, que todavía conservo en la memoria con su austera cubierta de la época, incluía el célebre prólogo de Manuel Moreno Fraginals, texto que, leído hoy, constituye por sí mismo una pieza mayor de la historiografía cubana. Moreno Fraginals no solo reivindicaba la importancia de la obra de Guerra, sino que la situaba en el centro mismo de la comprensión del neocolonialismo cubano, al afirmar que sus páginas resumían, como no se había hecho antes ni se haría después, los aspectos esenciales de la economía de plantación en Cuba.

Aquel día fue mi primer acercamiento a la obra de Ramiro Guerra y, como suele ocurrir con muchos libros decisivos, mi lectura inicial fue incompleta y apresurada. Me limité a hojear el volumen y a leer con atención apenas el capítulo que correspondía a mi grupo. Sin embargo, aun desde aquella aproximación fragmentaria y juvenil, tuve la intuición de que me encontraba ante uno de esos textos que, más allá de la información que ofrecen, terminan modificando la manera en que entendemos la historia de un país.

No se me borra de la memoria el día del seminario. Todavía puedo recordar el temor reverencial que nos inspiraba la presencia de la profesora Trincado, célebre por su rigor intelectual y por su absoluta falta de complacencia con los alumnos. Su juicio era temido porque no admitía improvisaciones, lugares comunes ni lecturas superficiales. Había en ella una mezcla de severidad académica y autoridad moral que imponía silencio apenas cruzaba el umbral del aula.

Conservo, además, una imagen que el paso de los años no ha logrado desdibujar. Mientras escuchaba nuestras intervenciones, la profesora inhalaba profundamente el humo de un cigarrillo y, al exhalarlo lentamente, levantaba la mano con una parsimonia casi ceremonial para indicar, con los dedos, la calificación obtenida. Aquel gesto, repetido una y otra vez, tenía algo de ritual iniciático. Ver cómo alzaba dos dedos en el aire equivalía a una sentencia inapelable que estremecía el aula entera.

Para la profesora Trincado no existía negociación posible ni atajo alguno. Carecía de valor presentarse al seminario armado únicamente con apuntes de clase o repitiendo las ideas expuestas por ella durante el curso. Prefería las interpretaciones discutibles, incluso las equivocaciones, siempre que fueran el resultado de la creatividad, la curiosidad y el pensamiento independiente del alumno. Nos exigía leer los textos, interrogarlos, disentir de ellos y construir una mirada propia. Solo así, según entendí muchos años después, podía formarse un verdadero historiador.

Aquel panorama seminarial estaba marcado por dos improntas intelectuales que definían la manera en que entonces se leía a Ramiro Guerra en las aulas universitarias cubanas. La primera era la consideración de Azúcar y población en las Antillas como una obra de marcado carácter positivista y economicista. La segunda provenía del conocido dictamen de Carlos Rafael Rodríguez, convertido casi en una fórmula canónica de la historiografía revolucionaria, cuando afirmó que «puede asegurarse que sin atender a Ramiro Guerra la nueva Historia de Cuba no podrá escribirse, pero que no será Ramiro Guerra quien escriba, en definitiva, la nueva Historia de Cuba».

Aquella sentencia funcionaba a la vez como reconocimiento y advertencia. Se reconocía la importancia fundacional de Guerra, su capacidad para desplazar el foco de atención desde la historia política tradicional hacia las estructuras económicas y sociales, pero también se señalaban los límites ideológicos de su pensamiento, considerados insuficientes desde la perspectiva del marxismo dominante en la academia cubana de los años ochenta.

Más allá de esos encuadres doctrinales, había una idea central de Azúcar y población en las Antillas que se imponía con fuerza. Para Ramiro Guerra, Cuba no podría alcanzar un desarrollo económico equilibrado ni consolidar una verdadera soberanía nacional sin la existencia de una amplia clase de pequeños propietarios rurales. La defensa de la pequeña propiedad no respondía únicamente a una convicción económica, sino también a una intuición moral y política.

La paradoja histórica no dejaba de resultar evidente. Mientras discutíamos en las aulas universitarias las tesis de Guerra sobre la necesidad de fortalecer la pequeña propiedad rural y diversificar la producción agrícola, el régimen cubano asestaba un duro golpe al Mercado Libre Campesino y reforzaba la dependencia de los productores respecto a las estructuras estatales. Estudiábamos a un autor que había advertido sobre los peligros de una economía excesivamente concentrada, mientras vivíamos en un país que avanzaba precisamente en dirección contraria.

Aquella intuición juvenil, nacida entre las exigencias de un seminario universitario y las rígidas interpretaciones historiográficas de la época, tardaría algunos años en desplegar todo su alcance. Solo cuando la investigación archivística me obligó a enfrentarme directamente con los conflictos por la tierra y las transformaciones del mundo rural cubano comprendí que las preguntas formuladas por Ramiro Guerra desbordaban el ámbito de la historia económica para internarse en el terreno de la filosofía política.

Segunda lectura

Mi segunda lectura de Azúcar y población en las Antillas llegó en 1987, en plena preparación de la tesis de grado que debía defender para obtener la licenciatura en Historia. A diferencia de la primera aproximación, fragmentaria y condicionada por las exigencias de un seminario universitario, esta vez se trató de una lectura obligada, sistemática y mucho más consciente, determinada tanto por las necesidades de la investigación como por la madurez intelectual que, inevitablemente, proporcionan los años de estudio.

El tema de mi investigación giraba en torno a los movimientos de lucha campesina durante la República, las disputas por la tenencia de la tierra y el análisis de las leyes, programas y políticas agrarias que, lejos de favorecer a los pequeños productores, terminaron consolidando la expansión del latifundio y profundizando las desigualdades en el campo cubano. En ese contexto, el libro de Ramiro Guerra dejó de ser una referencia historiográfica obligatoria para convertirse en una herramienta indispensable de comprensión.

Con el tiempo he llegado a pensar que existen libros que acompañan una investigación y otros que terminan orientándola. Los primeros proporcionan datos, hipótesis o referencias bibliográficas; los segundos ofrecen una manera de mirar el mundo. Azúcar y población en las Antillas pertenecía, sin duda, a esta última categoría. Sus páginas no respondían únicamente a las preguntas que yo me formulaba. Me obligaban, sobre todo, a plantearme otras nuevas.

Investigando sobre el tema, tuve la oportunidad de adquirir una experiencia concreta de lo que significaba realmente el latifundio, una realidad que hasta entonces había conocido sobre todo a través de los libros y de las interpretaciones historiográficas. A medida que me sumergía en los registros de la propiedad, en los protocolos notariales y en la documentación relacionada con la tenencia de la tierra, comencé a percibir con una claridad inesperada la magnitud de las transformaciones que había experimentado el campo cubano durante la República.

La consulta de registros de propiedad, escrituras, deslindes, expedientes agrarios y documentos judiciales me permitió visualizar la compleja estructura de la propiedad rural. Comprendí entonces que el latifundio no era únicamente una categoría económica ni una fórmula explicativa utilizada por los historiadores. Era una realidad visible, inscrita en los documentos y en el paisaje mismo del país.

Los mapas catastrales, las descripciones de linderos y la sucesión de nombres y apellidos asociados a miles de hectáreas terminaron por conferir una dimensión tangible a conceptos que hasta entonces habían permanecido en el terreno de la abstracción académica. Cada gran propiedad absorbía pequeñas parcelas, alteraba antiguas formas de ocupación del territorio y transformaba la relación entre las comunidades rurales y la tierra.

Los archivos poseen una extraña melancolía. Quien ha pasado largas horas entre legajos polvorientos y protocolos notariales sabe que esos documentos no conservan únicamente datos, fechas o nombres. Conservan también el eco de innumerables vidas anónimas. Cada escritura de compraventa, cada litigio por un lindero perdido, cada hipoteca o partición testamentaria constituye el fragmento disperso de una historia mayor que rara vez llega a escribirse.

A veces pienso que los archivos se parecen a esas ciudades invisibles que solo existen para quienes aprenden a descifrar sus signos. El investigador que penetra en ellos no encuentra únicamente documentos. Encuentra vestigios de aspiraciones frustradas, huellas de conflictos olvidados y testimonios de decisiones que modificaron silenciosamente la vida de generaciones enteras.

Aprendí entonces que la historia no está hecha solamente de acontecimientos memorables o de grandes figuras políticas. También está compuesta por decisiones aparentemente insignificantes. Un campesino que vende una parcela para saldar una deuda, una familia que abandona la tierra que trabajó durante generaciones, un colono que hipoteca su cosecha o un terrateniente que amplía sus dominios mediante la adquisición de pequeñas propiedades vecinas. La suma de esas historias mínimas, invisibles para la épica tradicional, termina modelando el destino de las naciones.

Aquella experiencia archivística modificó profundamente mi manera de leer a Ramiro Guerra. Sus advertencias sobre los peligros del latifundio dejaron de parecerme hipótesis interpretativas para convertirse en la descripción precisa de un proceso histórico que yo mismo podía reconstruir a través de los documentos.

Comprendí entonces que la historia agraria no se escribe solamente con estadísticas de producción o con leyes promulgadas desde el poder, sino también con títulos de propiedad, mapas, litigios y testimonios que revelan cómo la distribución desigual de la tierra termina configurando la estructura moral y política de una nación.

Lo que verdaderamente me impresionó fue la dimensión ética del pensamiento de Guerra. La tierra no era para él un simple factor de producción ni una mercancía sometida a las leyes del mercado. Constituía el fundamento material de la independencia individual y el requisito indispensable para la existencia de una nación políticamente soberana.

El campesino perdía el control sobre su parcela, no solo desaparecía una forma de organización económica. Se desvanecía también una manera de entender la vida, una cultura del trabajo y una relación específica entre el individuo, la comunidad y el territorio.

Las páginas dedicadas al latifundio adquirieron para mí un significado diferente. Ya no las leía como la descripción de un fenómeno histórico concluido, sino como una advertencia sobre los peligros que entraña toda concentración excesiva de la propiedad y de las decisiones económicas. Guerra entendía que el latifundio, más allá de sus efectos sobre la producción agrícola, terminaba generando una estructura de dependencia incompatible con el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Mientras profundizaba en el estudio de las luchas campesinas de la República, resultaba imposible ignorar las contradicciones del presente. Las ideas de Guerra sobre la necesidad de fortalecer la pequeña propiedad rural y diversificar la producción agrícola contrastaban abiertamente con el modelo centralizado que predominaba en Cuba durante la segunda mitad de la década de 1980, caracterizado por una creciente subordinación del campesinado a las estructuras estatales.

Recuerdo que, en aquellos años, pocos de nosotros percibíamos la ironía de aquella coincidencia histórica. Estudiábamos a un autor que había advertido sobre los riesgos derivados de la concentración económica y de la dependencia productiva, mientras vivíamos en un país que avanzaba precisamente en esa dirección.

Fue por primera vez comprendí que los libros importantes no permanecen inmóviles en el tiempo y que somos nosotros quienes cambiamos frente a ellos. El joven que, tres años antes, había leído apresuradamente un capítulo para cumplir con una obligación académica, descubría ahora un texto distinto, atravesado por interrogantes que desbordaban la historiografía y se internaban en el terreno de la filosofía política y la reflexión moral.

Hay libros que ofrecen respuestas y libros que modifican la naturaleza misma de nuestras preguntas. La obra de Ramiro Guerra pertenecía a esta última especie. Su lectura me enseñó que la cuestión agraria cubana no podía comprenderse exclusivamente a través de estadísticas, decretos o programas gubernamentales. Era necesario escuchar las voces de quienes habían defendido la pequeña propiedad, analizar las expectativas frustradas de los campesinos y comprender que detrás de cada conflicto por la tierra se libraba una disputa más profunda sobre el significado de la libertad, la justicia y la soberanía nacional.

La investigación sobre las luchas campesinas me permitió comprender la dimensión moral del problema agrario, pero aún quedaba por explorar otra cuestión decisiva. Era necesario analizar cómo los procesos de modernización azucarera transformaron la estructura misma de la propiedad rural y modificaron las relaciones entre tierra, industria y capital. Esa inquietud marcaría mi tercera lectura de la obra.

Tercera lectura

Años después de graduarme, un programa de investigación histórica regional me condujo a una nueva lectura de Azúcar y población en las Antillas. Esta vez no se trataba de una obligación académica ni de una exigencia vinculada a una tesis de grado, sino de un proyecto de investigación mucho más amplio y ambicioso, orientado a profundizar en los procesos de concentración azucarera en el oriente cubano y en el papel desempeñado por el colonato y el latifundio en la configuración económica y social de la región.

Con el paso del tiempo he llegado a sospechar que los libros fundamentales se parecen a ciertos paisajes de la infancia. Creemos haberlos dejado atrás y, sin embargo, regresan a nosotros bajo formas inesperadas. El lector que vuelve a ellos nunca es el mismo. Tampoco lo es el libro. Cada relectura modifica retrospectivamente las anteriores y convierte la memoria en una suerte de palimpsesto donde las interpretaciones nuevas se superponen a las antiguas sin borrarlas del todo.

Mi primera lectura de Ramiro Guerra había estado condicionada por las exigencias de un seminario universitario; la segunda, por la preparación de una tesis sobre las luchas campesinas durante la República. Esta tercera lectura respondía a una inquietud diferente. Ya no me interesaba únicamente la cuestión agraria ni la defensa de la pequeña propiedad rural. Quería comprender cómo la expansión de la industria azucarera había transformado el territorio, reorganizado las relaciones sociales y modificado la estructura misma del poder económico.

A principios de la década de 1990 emprendí una línea de investigación centrada en uno de los fenómenos más decisivos y, al mismo tiempo, menos comprendidos de la historia económica cubana, la metamorfosis que, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, transformó el antiguo ingenio azucarero en central. Aquella transición no representó simplemente una innovación tecnológica ni una modernización de los procesos productivos. Supuso una profunda reorganización de las relaciones entre la industria y la tierra, alteró la estructura de la propiedad rural y redefinió las formas de dependencia económica que caracterizarían a la República.

Existe una ilusión frecuente entre los historiadores jóvenes. Creemos que los conceptos son suficientes para explicar la realidad y olvidamos que las palabras, por precisas que sean, suelen ocultar la complejidad del mundo que pretenden describir. Durante años repetí términos como latifundio, colonato, dependencia o plantación sin sospechar que detrás de cada uno de ellos se escondía una geografía concreta, una arquitectura del poder y una experiencia humana irreductible a cualquier definición.

Fue necesario recorrer antiguos bateyes, consultar mapas catastrales y reconstruir trayectorias empresariales para comprender que la historia económica posee también una dimensión espacial. Los caminos, las líneas férreas, los almacenes abandonados, las chimeneas solitarias y las ruinas de los ingenios constituyen, a su manera, una forma de archivo. El paisaje conserva una memoria que los documentos escritos apenas alcanzan a insinuar.

Que una de las intuiciones más fecundas de Ramiro Guerra consistía en haber advertido que el desarrollo de la industria azucarera no implicaba necesariamente una democratización de la propiedad ni una distribución más equitativa de la riqueza. Por el contrario, la aparición del central aceleró la concentración de la tierra y consolidó un modelo económico basado en la separación progresiva entre la propiedad territorial y la actividad industrial.

Mientras el antiguo ingenio colonial integraba en una misma unidad la tierra, la producción y la manufactura, el central moderno reorganizó el espacio económico mediante la creación de extensas zonas de abastecimiento y el desarrollo del colonato. Los colonos, propietarios o arrendatarios de pequeñas y medianas parcelas, quedaron subordinados a las necesidades industriales del central, que fijaba las condiciones de producción, regulaba los precios y controlaba, en última instancia, el destino de la cosecha.

Las investigaciones regionales me permitieron recorrer antiguos bateyes, consultar archivos empresariales, examinar mapas catastrales y reconstruir la evolución de las grandes propiedades azucareras. A través de escrituras notariales, contratos de colonato, expedientes judiciales y registros de la propiedad, pude seguir el proceso mediante el cual extensas áreas rurales fueron reorganizadas en función de las necesidades de los centrales, alterando antiguas formas de tenencia de la tierra y subordinando la vida económica de comunidades enteras a los ritmos de la producción azucarera.

Los archivos poseen una extraña melancolía. Quien ha pasado largas horas entre protocolos notariales y registros de propiedad sabe que esos documentos no conservan únicamente datos, fechas o nombres. Conservan también el eco de innumerables vidas anónimas. Cada escritura de compraventa, cada deslinde, cada hipoteca o litigio por un lindero perdido constituye el fragmento disperso de una historia mayor que rara vez llega a escribirse.

Una de las confirmaciones más reveladoras de las tesis de Ramiro Guerra la encontré en el Registro de la Propiedad de Manzanillo. Mientras revisaba protocolos notariales relacionados con la expansión azucarera de finales del siglo XIX, apareció ante mis ojos la inscripción de la compañía azucarera y mercantil de Nueva Jersey Bethy Brook and Co., registrada como propietaria de extensos terrenos en Ceiba Hueca y Niquero desde 1890.

Aquel hallazgo archivístico adquirió una enorme significación historiográfica. Las páginas de Azúcar y población en las Antillas abandonaban el terreno de la interpretación general para convertirse en una realidad documental concreta y verificable. Lo que Guerra había descrito como la creciente penetración del capital extranjero en la estructura agraria cubana se materializaba en aquellas escrituras y en aquellas extensiones de tierra cuidadosamente delimitadas.

Aquel descubrimiento me hizo recordar una observación de Borges, quien escribió que acaso la historia universal sea la historia de unas cuantas metáforas. El registro de la propiedad de Manzanillo, con sus nombres corporativos y sus extensiones de tierra delimitadas por coordenadas y linderos, no era únicamente un documento jurídico. Era la metáfora de un proceso mucho más amplio, la inscripción burocrática de una transformación histórica que alteraría la economía, el paisaje y la conciencia nacional.

Que la historia suele revelarse en detalles mínimos. No son las grandes declaraciones políticas las que mejor explican una época, sino esos indicios dispersos que, reunidos pacientemente, permiten reconstruir la lógica profunda de una sociedad.

La presencia de compañías extranjeras adquiriendo tierras en el oriente cubano antes incluso de la instauración de la República confirmaba una de las intuiciones centrales de Guerra. El problema no radicaba únicamente en el tamaño de las explotaciones, sino en el hecho de que las decisiones fundamentales sobre el uso de la tierra, la orientación de la producción y la distribución de la riqueza quedaban progresivamente subordinadas a intereses externos.

Por supuesto, el central azucarero no debía interpretarse únicamente como una unidad industrial de gran escala, sino como el eje articulador de un sistema económico total que condicionaba el empleo, la movilidad social, la organización del territorio y las relaciones de poder. La aparente autonomía del colono escondía, en muchos casos, una profunda dependencia respecto al capital industrial y financiero que controlaba la cadena productiva.

La tercera lectura coincidió, además, con los años iniciales del llamado Período Especial, cuando el derrumbe del bloque socialista obligó a reconsiderar muchas de las certezas económicas que habían dominado el debate cubano durante décadas. En medio de aquella crisis, las reflexiones de Ramiro Guerra sobre los peligros del monocultivo, la vulnerabilidad derivada de la dependencia externa y la necesidad de diversificar la producción adquirieron una renovada actualidad.

Comprendí entonces que los grandes libros no envejecen porque sus preguntas esenciales sobreviven a las circunstancias históricas que les dieron origen. La obra de Ramiro Guerra seguía interrogando el presente con la misma intensidad con que había cuestionado la República de su tiempo.

Mis investigaciones regionales confirmaron que la concentración de la tierra solo constituía una parte de un problema más amplio, vinculado a la articulación entre propiedad, producción y poder. Aquella constatación me llevó a formular una pregunta distinta, menos histórica y más filosófica. ¿Era posible interpretar las preocupaciones de Ramiro Guerra sobre la soberanía económica y la función social de la propiedad desde tradiciones intelectuales ajenas al liberalismo y al marxismo?

Cuarta lectura y final

Mi cuarta y última lectura de Azúcar y población en las Antillas estuvo determinada menos por las exigencias de la investigación histórica que por una preocupación de orden filosófico y político. Después de años de regresar una y otra vez a las páginas de Ramiro Guerra, de contrastar sus tesis con documentos notariales, registros de propiedad, contratos de colonato y estudios regionales, comencé a preguntarme si era posible releer aquella obra desde una perspectiva diferente, alejada tanto del liberalismo económico clásico como de las interpretaciones marxistas que dominaron la academia cubana durante buena parte del siglo XX. Fue entonces cuando encontré una clave inesperada en la idea del socialismo prusiano.

Toda relectura entraña una paradoja. Volvemos a un libro creyendo que buscamos respuestas y descubrimos, con cierta perplejidad, que lo que realmente buscamos es la confirmación de nuestras propias preguntas. El lector de 1984, el investigador de 1987, el historiador regional de la década de 1990 y quien hoy escribe estas líneas son personas distintas. Sin embargo, todos ellos permanecen unidos por un mismo libro.

Sospecho que la identidad personal no se construye únicamente a partir de los acontecimientos vividos, sino también de los libros que nos han acompañado. Cada lectura deja una huella, y la suma de esas huellas configura una cartografía secreta de nuestra memoria.

No pretendo afirmar, desde luego, que Ramiro Guerra fuese un socialista prusiano ni que conociera en profundidad las formulaciones de Oswald Spengler o de otros representantes de aquella corriente de pensamiento. Sin embargo, la lectura de Prusianismo y socialismo me permitió identificar una serie de afinidades intelectuales que, aunque indirectas, arrojan nueva luz sobre el significado profundo de Azúcar y población en las Antillas.

Es dable hacer memoria, además, que las ideas asociadas al llamado socialismo nacional prusiano no constituyeron una rareza marginal ni una excentricidad intelectual confinada a la obra de Spengler. Por el contrario, formaron parte de un clima de época que impregnó buena parte del pensamiento político europeo de entreguerras. La crisis del liberalismo decimonónico, la conmoción provocada por la Primera Guerra Mundial, el descrédito del parlamentarismo y la expansión del capitalismo financiero internacional impulsaron la búsqueda de fórmulas alternativas capaces de conciliar la justicia social con la soberanía nacional.

Durante la década de 1930, estas preocupaciones atravesaron corrientes ideológicas muy diversas y, en ocasiones, antagónicas. Intelectuales conservadores, socialistas heterodoxos, nacionalistas y teóricos de la economía dirigida compartieron la convicción de que la economía no podía continuar funcionando como una esfera autónoma, gobernada exclusivamente por las leyes del mercado. La idea de subordinar la producción, la propiedad y el trabajo a las necesidades de la comunidad política se extendió por amplios sectores del pensamiento europeo, desde Alemania hasta Francia, pasando por Italia y algunos países de Europa oriental.

Este fenómeno no debe interpretarse retrospectivamente a la luz exclusiva del desenlace trágico que condujo al continente hacia la Segunda Guerra Mundial. Hacerlo supondría ignorar la complejidad intelectual de una época marcada por la búsqueda de alternativas al liberalismo económico clásico y al colectivismo revolucionario. El socialismo prusiano de Spengler, al igual que otras corrientes contemporáneas, aspiraba a formular una tercera vía que conciliara autoridad política, cohesión nacional y responsabilidad social.

Aunque sus preocupaciones nacen de la experiencia específica de la economía azucarera cubana y de los problemas derivados del latifundio y la dependencia externa, comparte con aquellos autores la convicción de que la soberanía política resulta inseparable de la soberanía económica y de que la propiedad solo adquiere legitimidad plena cuando cumple una función social orientada al bien común.

El socialismo prusiano, tal como lo formuló Spengler en 1919, no se define por la abolición de la propiedad privada ni por la lucha de clases, sino por la subordinación de la economía al interés nacional, por la primacía del deber sobre el beneficio individual y por la convicción de que la riqueza debe cumplir una función social antes que especulativa. Su crítica fundamental se dirige contra el liberalismo económico anglosajón, al que acusa de reducir la vida colectiva a una competencia permanente entre intereses privados y de transformar la nación en un simple mercado.

La obra de Ramiro Guerra puede interpretarse como una severa crítica al individualismo económico y a la lógica del capitalismo de plantación. Su preocupación central nunca fue la acumulación de riqueza en sí misma, sino la forma en que esa riqueza se producía y distribuía. El problema del latifundio no residía únicamente en la concentración de la tierra, sino en su incapacidad para generar una comunidad nacional cohesionada, autónoma y políticamente soberana.

Guerra comprendió, mucho antes de que las teorías de la dependencia formularan sus principales argumentos, que una nación no puede considerarse verdaderamente libre cuando las decisiones fundamentales sobre la tierra, la producción y el trabajo se encuentran subordinadas a intereses externos. Esta preocupación por la soberanía económica conecta directamente con uno de los principios esenciales del socialismo prusiano, según el cual la economía debe servir a la nación y no la nación a la economía.

A diferencia del liberalismo clásico, que considera la propiedad como un derecho casi absoluto, Guerra la entiende como una institución dotada de una función social. La tierra no constituye para él una mercancía cualquiera ni un simple activo financiero. Es el fundamento material de la ciudadanía, el soporte de la independencia individual y el espacio donde se construyen los vínculos de pertenencia que hacen posible la existencia de una comunidad política.

En este punto, su defensa de la pequeña propiedad rural adquiere un significado que trasciende la mera eficiencia económica. El pequeño propietario representa, en su pensamiento, una figura moral. Es el individuo que, gracias a su independencia material, puede participar activamente en la vida pública sin quedar sometido a los dictados del gran capital o de las burocracias estatales. La pequeña propiedad aparece así como una garantía de libertad y como un antídoto frente a las formas extremas de concentración del poder.

Paradójicamente, esta posición lo distancia tanto del liberalismo económico como del colectivismo estatal. Guerra rechaza el latifundio privado porque destruye la autonomía del campesino y desarticula la nación, pero tampoco habría aceptado una organización económica que sustituyera la dependencia del capital extranjero por una dependencia absoluta del aparato estatal. Su preocupación constante es preservar los espacios de autonomía individual dentro de un proyecto nacional orientado al bien común.

Esta tensión entre libertad y comunidad, entre propiedad privada y responsabilidad social, constituye precisamente uno de los núcleos fundamentales del socialismo prusiano. La verdadera libertad, desde esta perspectiva, no consiste en la ausencia de límites ni en la búsqueda irrestricta del beneficio individual, sino en la capacidad de cada persona para cumplir una función útil dentro de una comunidad organizada.

Al releer Azúcar y población en las Antillas desde esta óptica, comprendí que la crítica de Guerra al sistema de plantación posee una dimensión moral mucho más profunda de lo que había imaginado en mis primeras lecturas. El azúcar no aparece únicamente como un producto económico, sino como el principio organizador de una sociedad que ha subordinado la tierra, el trabajo y la política a las exigencias del mercado internacional.

La economía de plantación constituye, en esencia, la negación de los valores que el socialismo prusiano considera fundamentales. Allí donde domina el monocultivo orientado a la exportación, la nación pierde el control de su destino, la propiedad deja de cumplir una función social y el trabajo humano se convierte en una variable subordinada a la rentabilidad.

Mis investigaciones sobre la transformación del ingenio en central, sobre la expansión del colonato y sobre la penetración del capital extranjero en el oriente cubano me llevaron a confirmar una y otra vez la validez de las intuiciones de Guerra. La inscripción de compañías norteamericanas en los registros de propiedad de Manzanillo, la reorganización del territorio en función de las necesidades de los centrales y la creciente subordinación de los colonos a las exigencias industriales mostraban que la modernización azucarera había avanzado paralelamente a una pérdida progresiva de soberanía económica.

Su respuesta no se encuentra en la abolición de la propiedad ni en la defensa irrestricta del mercado, sino en la búsqueda de un equilibrio entre iniciativa individual, responsabilidad social y soberanía nacional. Leído desde la perspectiva del socialismo prusiano, Azúcar y población en las Antillas deja de ser únicamente una obra sobre el azúcar y se convierte en una reflexión sobre el deber histórico de subordinar la economía a las necesidades de la comunidad.

Es posible que sea la prueba definitiva de la grandeza de la obra de Ramiro Guerra. Los libros verdaderamente perdurables no ofrecen respuestas concluyentes, sino preguntas que cada generación está obligada a formular de nuevo. Ignoro si existe una lectura definitiva de Azúcar y población en las Antillas. Sospecho que no. Cada época encontrará en sus páginas aquello que necesita encontrar y omitirá, inevitablemente, aquello que todavía no está preparada para comprender.

Vuelvo a pensar en aquel estudiante que, hace más de cuatro décadas, abrió por primera vez un volumen de cubierta austera en un aula universitaria. Ignoraba entonces que ese libro regresaría una y otra vez a su vida, bajo formas distintas y en circunstancias imprevisibles. Ignoraba, sobre todo, que las lecturas importantes nunca concluyen. Permanecen en nosotros, silenciosas, aguardando el momento preciso para revelarnos un significado que antes no podíamos comprender.


Nota bene: Conclusiones. La lectura de Azúcar y población en las Antillas desde una perspectiva centrada en su matriz positivista y economicista permite comprender tanto la originalidad de la obra de Ramiro Guerra como algunas de sus limitaciones teóricas. Publicado en 1927, el libro se inscribe en un momento de transición de la historiografía cubana, cuando el relato político tradicional, basado en héroes, batallas y acontecimientos institucionales, comenzaba a ser sustituido por una historia orientada al estudio de las estructuras económicas y sociales.

La premisa fundamental de Guerra es inequívocamente positivista. Parte de la convicción de que los fenómenos históricos obedecen a leyes identificables mediante la observación empírica, la comparación y el análisis de datos verificables. La historia, lejos de ser una simple narración del pasado, se convierte en una ciencia social capaz de descubrir regularidades y formular predicciones. El propio autor sostiene que la función del historiador consiste en identificar los factores que determinan el desarrollo de las sociedades y, a partir de ellos, intervenir racionalmente en el presente.

Este supuesto metodológico se expresa en el uso sistemático del método comparativo. Guerra analiza las Antillas británicas, francesas y españolas como si constituyeran un laboratorio histórico donde es posible observar la repetición de un mismo fenómeno bajo condiciones similares. Barbados, Jamaica, Haití y Cuba aparecen como casos comparables de un único proceso estructural. El historiador presupone que, si las mismas causas económicas producen efectos semejantes en distintos contextos, es posible establecer leyes generales sobre la evolución de las sociedades de plantación.

La dimensión economicista del libro radica en que todas las variables históricas quedan subordinadas a una causa principal, el latifundio azucarero. La composición étnica, la estructura social, las formas de dominación política, la dependencia internacional e incluso las mentalidades colectivas son interpretadas como consecuencias derivadas de la organización económica de la producción.

La célebre tesis de Guerra, según la cual la sustitución de la población blanca por la población negra en buena parte del Caribe no obedece a factores raciales ni climáticos, sino al desarrollo del latifundio, ilustra con claridad esta perspectiva. La raza deja de ser una causa histórica para convertirse en un efecto del sistema económico. El régimen de plantación, al requerir abundante mano de obra barata, transforma la composición demográfica de las islas.

Este desplazamiento del factor racial hacia el económico representó un avance significativo respecto al pensamiento dominante de su tiempo. Guerra rompe con las interpretaciones biologicistas y con el determinismo geográfico, muy influyentes en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, sustituye una explicación monocausal por otra. Allí donde los teóricos raciales veían la clave del desarrollo histórico en la biología, Guerra la encuentra en la estructura de la propiedad.

La obra responde así a un esquema causal característico del positivismo clásico. Existe una infraestructura económica que condiciona el conjunto de la vida social. Aunque Guerra no utiliza la terminología marxista, su análisis converge parcialmente con ella al atribuir a las relaciones de producción un papel determinante en la configuración de la sociedad.

No obstante, sería un error identificarlo plenamente con el materialismo histórico. Su horizonte intelectual procede más bien del reformismo liberal y del positivismo social de fines del siglo XIX, influido por autores como Enrique José Varona. Guerra no plantea una superación revolucionaria del capitalismo azucarero, sino su racionalización mediante la acción del Estado, la regulación de la propiedad y la defensa del pequeño agricultor.

La principal fortaleza de este enfoque reside en su capacidad para revelar las conexiones profundas entre fenómenos aparentemente independientes. Guerra demuestra que el desempleo rural, la emigración, la dependencia exterior, la concentración de la riqueza y la fragilidad de la soberanía política forman parte de un mismo sistema.

Su concepto de la economía de plantación anticipa, en varios aspectos, las posteriores teorías de la dependencia y del subdesarrollo latinoamericano. Décadas antes de que estas corrientes adquirieran relevancia académica, el historiador cubano ya había identificado el carácter estructural de la subordinación económica de Cuba al mercado internacional.

Sin embargo, la visión economicista también presenta limitaciones evidentes. La reducción de la complejidad histórica a una sola variable explicativa tiende a invisibilizar la autonomía relativa de otros factores, como la cultura, las ideologías, las instituciones políticas, las identidades colectivas y las experiencias subjetivas.

En Azúcar y población en las Antillas, los sujetos históricos aparecen frecuentemente subordinados a las estructuras económicas. Los trabajadores, los campesinos y las comunidades afrodescendientes son descritos, en ocasiones, más como productos del sistema que como actores capaces de transformarlo.

Además, el método comparativo empleado por Guerra supone una cierta homogeneidad entre las distintas sociedades antillanas que la investigación posterior ha matizado considerablemente. Las diferencias culturales, jurídicas y políticas entre Cuba, Haití, Jamaica o Barbados no pueden reducirse exclusivamente al impacto del monocultivo azucarero.

Desde la historiografía contemporánea, puede afirmarse que el principal riesgo del modelo explicativo de Guerra es su tendencia al determinismo estructural. La economía aparece como una fuerza casi irresistible, capaz de modelar de manera lineal el conjunto de la realidad social.

Aun así, la vigencia del libro resulta indiscutible. Su apuesta por una historia estructural, comparativa y orientada al análisis de las relaciones entre economía y sociedad transformó profundamente la historiografía cubana. Más que ofrecer respuestas definitivas, Azúcar y población en las Antillas estableció las preguntas fundamentales sobre la relación entre desarrollo económico, soberanía nacional y desigualdad social en el Caribe.

Su legado consiste, precisamente, en haber demostrado que la historia económica no es una especialidad marginal, sino una vía privilegiada para comprender el destino de las naciones.

Sin embargo, introducir una matización fundamental al análisis del componente positivista y economicista de Azúcar y población en las Antillas. Detrás de la aparente neutralidad científica del método empleado por Ramiro Guerra se perfila una posición ideológica específica que rara vez se explicita de manera abierta, pero que orienta el conjunto de sus conclusiones.

El positivismo de Guerra no es un simple instrumento metodológico. Como ocurrió con buena parte de la historiografía social de finales del siglo XIX y comienzos del XX, su pretensión de objetividad encubre un proyecto de ordenamiento nacional. La historia económica funciona, en este sentido, como una ciencia normativa destinada a identificar las causas de la decadencia cubana y a proponer una vía de regeneración colectiva.

La crítica al latifundio azucarero no implica una impugnación del capitalismo como sistema, sino una crítica a sus formas improductivas, extranjerizantes y socialmente desintegradoras. Guerra no cuestiona la propiedad privada ni la economía de mercado; cuestiona, más bien, una modalidad específica de capitalismo que, al estar subordinada al capital extranjero, destruye la cohesión orgánica de la nación.

Su ideal político no es revolucionario, sino reformista y nacionalista. Aspira a reconstruir una comunidad nacional integrada por pequeños y medianos propietarios rurales, protegida por un Estado fuerte y orientada hacia la armonización de los intereses económicos en función del bien común.

Su pensamiento converge con ciertas corrientes del conservadurismo social europeo de entreguerras y, particularmente, con algunas formulaciones del llamado Prusianismo y socialismo de Oswald Spengler. La afinidad no implica una filiación directa ni una influencia comprobada, pero sí una coincidencia estructural.

Al igual que el socialismo prusiano, Guerra rechaza simultáneamente el liberalismo económico individualista y el socialismo marxista. Su propuesta se sitúa en una tercera posición caracterizada por la subordinación de la economía a los intereses permanentes de la nación, la defensa del trabajo productivo frente al capital especulativo y la reivindicación del Estado como instancia reguladora superior.

La nación aparece así concebida como un organismo histórico cuyos distintos sectores deben funcionar armónicamente. El conflicto social no se interpreta como una contradicción irreductible entre clases, sino como el resultado patológico de una estructura económica deformada por la penetración extranjera y la concentración de la propiedad.

Esta concepción organicista constituye uno de los rasgos distintivos del nacionalismo positivista de Guerra. La sociedad es entendida como un cuerpo cuyos órganos —campesinos, colonos, empresarios, trabajadores y Estado— deben cooperar en función de un interés nacional superior. El problema del azúcar no es únicamente económico; es, sobre todo, un problema de integración nacional.

La propia insistencia del autor en la pequeña propiedad rural revela esta orientación ideológica. El campesinado independiente no solo representa una forma más eficiente de organización económica, sino también un ideal moral y político. En él se encarnan valores como el arraigo, la estabilidad social, la responsabilidad individual y la continuidad histórica de la nación.

El latifundio azucarero no destruye únicamente riqueza o soberanía económica; desarticula el tejido moral de la comunidad nacional. La crítica de Guerra al monocultivo contiene, por tanto, una dimensión conservadora que trasciende el análisis estrictamente económico.

Su proyecto puede definirse como un nacionalismo económico de base positivista, orientado hacia la modernización productiva sin ruptura revolucionaria, la regulación estatal sin colectivización y la defensa de la soberanía nacional frente a la dependencia externa.

Esta dimensión ideológica ayuda a comprender por qué Azúcar y población en las Antillas ejerció una influencia tan amplia sobre corrientes políticas e intelectuales muy diversas. Liberales reformistas, nacionalistas, desarrollistas e incluso sectores de la izquierda cubana encontraron en la obra elementos compatibles con sus propias agendas.

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