Por Humberto C. Cruz
En la tarde del 5 de agosto de 1994 vi pasar camiones con boinas negras por la Avenida 26 y pregunté a un transeúnte que iba pasando: “Hay una manifestación contra el gobierno en el Malecón”.
Tuve que ir al Malecón para creerlo. Había piedras de todos los tamaños en la calle y policías y oficiales del MININT junto a grupos de esbirros del Blas Roca Calderío armados con palos. Los cristales del Hotel Deauville estaban destrozados y unos veinte jeeps de tropas especiales, con ametralladoras calibre .50, esperaban amenazantes frente al Hospital Hermanos Ameijeiras, sin dejar dudas de lo que harían para controlar la situación.
Poco después, Fidel Castro anunció por televisión que quien quisiera irse podía hacerlo, lo que provocó el éxodo masivo de los balseros, y el régimen sobrevivió.
Pasaron 27 años hasta el 11 de julio de 2021, y aunque esta vez la protesta se extendió como pólvora por todo el país, la represión y los arrestos masivos, junto con duras condenas de prisión, volvieron a sofocar la rebeldía.
Ningún pueblo es colectivamente cobarde. Si en Cuba no han surgido protestas comparables a las de Irán, Polonia o Venezuela, no es por falta de coraje popular, sino porque el castrismo, siguiendo su modelo estalinista, eliminó no solo el pluralismo político y las libertades fundamentales, sino también todas las estructuras de sociedad civil independientes del Estado, que, pese al autoritarismo, lograron mantenerse en esos países. Además, ha jugado magistralmente la carta de la represión preventiva, infiltrando cada intento de oposición y desplegando cientos de miles de chivatos desde 1959.
Mientras el debate y las especulaciones sobre cómo podría producirse el fin de la satrapía, tras la iniciativa del presidente Trump, mantienen al mundo en vilo, los cubanos en la isla llevan ya diez días protestando y los gritos de “¡Libertad!” y “¡Abajo la dictadura!” se multiplican. Las imágenes de jóvenes asaltando las oficinas del Partido Comunista en Morón, Ciego de Ávila, quemando los muebles y rescatando la bandera cubana, han ocupado las portadas de los principales medios internacionales.
¿Se negocia una apertura económica sin cambio político?
Tras negarlo reiteradamente, el viernes pasado Díaz-Canel admitió que había conversaciones con Estados Unidos, pero mantiene la narrativa de la soberanía y la resistencia, llegando a decir que, en caso de una invasión, los marines encontrarían “una resistencia inexpugnable”.
Al mismo tiempo, el recién estrenado viceprimer ministro, Óscar Pérez-Oliva Fraga, miembro de la familia Castro y a cargo del comercio exterior y la inversión extranjera, anunció que se invita a los exiliados a invertir en la isla, operar negocios y ejecutar proyectos de infraestructura, lo que ha provocado una ola de rechazo en el exilio cubano.
La respuesta del presidente Trump fue que, si no se llegaba a un acuerdo con La Habana, él “haría lo que tuviera que hacer”. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, lo resumió en dos frases: “Tiene que haber un cambio del liderazgo. El embargo está codificado”.
Lo anterior significa que, mientras no se cumplan las condiciones de la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, más conocida como Ley Helms-Burton, cualquier intento de inversión de capital u operación de negocios en Cuba por una entidad radicada en Estados Unidos, sin una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sería virtualmente imposible.
Cuba no es Venezuela
La facilidad con que la captura de Maduro no creó un vacío de poder se debe a que Delcy Rodríguez ya tenía un acuerdo con Estados Unidos desde mucho antes del 3 de enero, y todo fluyó de acuerdo al plan.
Más allá del ruido marginal y la retórica esperada, el chavismo se pasmó literalmente y hubo un cambio de 180 grados que incluye la obediencia absoluta a la Casa Blanca. Sin embargo, la permanencia en sus cargos de los hermanos Rodríguez, del general Padrino López y de Diosdado Cabello, crea una alarma legítima en el exilio de que en Cuba pueda pasar lo mismo, si no se entiende lo que está ocurriendo en Caracas.
La razón por la que Trump impide el regreso de María Corina Machado y mantiene intacto al liderazgo chavista sería evitar que Diosdado Cabello desate a los colectivos y a sectores de las fuerzas armadas y de seguridad para provocar un caos de ingobernabilidad contra Machado. Tal escenario obligaría a Estados Unidos a ocupar el país, como ocurrió en Iraq o en Panamá tras la captura de Noriega, con el consiguiente riesgo para las tropas y el elevado costo financiero y político de una ocupación prolongada. Además, en un momento en que Washington enfrenta al régimen de los ayatolás, mantener operativa la industria petrolera venezolana se convierte en un factor estratégico adicional.
Cuba tiene una situación muy diferente. Aunque existiera una figura como Delcy Rodríguez dispuesta a pactar, Estados Unidos difícilmente confiaría en que ese acuerdo no fuera descubierto o que no se tratara de una trampa del propio régimen, que mantiene un férreo control sobre sus funcionarios. A diferencia de Venezuela, donde aún sobreviven actores políticos, económicos y sociales fuera del control total del gobierno, el sistema cubano es mucho más cerrado y centralizado, y el Partido Comunista controla el Estado, las fuerzas armadas y gran parte de la economía. No hay una sociedad civil independiente y el aparato de seguridad ha desarrollado durante décadas un sistema profundo de vigilancia e infiltración. Por ello, replicar el modelo venezolano sería extremadamente difícil y las condiciones para una transición negociada que no implique la desarticulación total del régimen prácticamente no existen.
Sin embargo, aun descartando la respuesta militar por la debilidad obvia del ejército cubano, la tozudez de Raúl Castro a rendirse, la incertidumbre sobre cuántos miembros de las fuerzas represivas y cientos de miles de chivatos y represores civiles podrían desatar una resistencia irregular para no tener que responder por sus crímenes, junto con el estado calamitoso de un país de nueve millones de personas que ya ha demostrado su capacidad para lanzarse al mar en un éxodo masivo, podrían seducir a Estados Unidos a buscar algún tipo de acuerdo.
Los cubanos en la Isla están en una situación tan desesperada que cualquier tipo de cambio que traiga un alivio mínimo a sus vidas será recibido con júbilo, pues cuando hay niños y ancianos con hambre y enfermos desatendidos en los hospitales, nadie piensa en justicia.
El fantasma de Ceaucescu vuela sobre La Habana
El 21 de diciembre de 1989, miles de obedientes rumanos que llenaban la Plaza de la Revolución en Bucarest, como de costumbre para escuchar un discurso de Nicolae Ceaușescu, transformaron súbitamente el servilismo en rabia: lo interrumpieron y obligaron al máximo líder y a su esposa a huir en helicóptero.
Días antes, el intento de reprimir a un pastor disidente en la ciudad de Timișoara escaló a una protesta popular que fue duramente reprimida por la Securitate y los esbirros de la Militia. Al no poder controlarla, se movilizó al ejército, que abrió fuego contra los manifestantes. La protesta era el resultado de años de crisis económica extrema y privaciones materiales provocadas por el capricho de Nicolae Ceaușescu de pagar la deuda externa a toda costa, con cortes de electricidad, escasez de alimentos y represión política, agravados por su negativa a introducir reformas durante la perestroika, el malestar generado por proyectos faraónicos y los privilegios obscenos de la clase dirigente.
La ira popular se expandió por toda Rumanía, el mismo ejército que había reprimido se puso del lado del pueblo y, en solo 24 horas, se creó el Frente de Salvación Nacional, que incluía a miembros del propio régimen. El Partido Comunista había perdido totalmente el control y terminaría siendo abolido.
El 25 de diciembre, tras ser arrestados y sometidos a un juicio militar por sus crímenes, Ceaușescu y su esposa Elena fueron fusilados y comenzó un arduo proceso de transición hacia la democracia y la economía de mercado.
La entonces Comunidad Europea proporcionó alguna ayuda, pero hubo que esperar a septiembre de 1990 para que Rumania fuera incluida en el programa PHARE para apoyar su transición política y económica, y a marzo de 1991 para concretar el primer acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, un préstamo condicionado a reformas económicas que marcó el inicio de su integración en las instituciones financieras occidentales.
Rumanía está en los Cárpatos, no a 90 millas de la primera economía del mundo, donde viven unos tres millones de cubanos que hasta ahora hemos depositado, solo en remesas, más de 2 mil millones de dólares anuales en las arcas del régimen que nos empujó al exilio y que hoy nos pide que violemos el embargo para salvarlo.
Seguir castigando al pueblo cubano por no haberse rebelado antes o con más fuerza, y castigarnos a nosotros mismos por no haberlo hecho cuando vivíamos en Cuba, solo ayuda al régimen agonizante.
Los cubanos tienen el derecho y el deber patrio de legar a sus hijos la caída de la tiranía por la justa ira popular. No se merecen una Delcy Rodríguez, sino que los Castro paguen por sus crímenes como Ceaușescu, porque si no hay justicia, no habrá país ni habrá paz.
Es ahora o nunca. El pueblo cubano tiene la palabra.
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