Por Ron Aledo
Hay muchos abogados que actualmente están hablando sobre la acusación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) contra el presidente Trump. Lamentablemente, muchos de estos abogados no están lo suficientemente familiarizados con la Ley Constitucional y obviamente no están familiarizados con el manejo de materiales clasificados. Como alguien con experiencia en materiales clasificados y después de estudiar las opiniones de expertos en Derecho Constitucional, debo decir que los cargos contra Trump son absurdos por muchas razones.
Es vergonzoso y triste ver esto en los Estados Unidos, ya que esto es típico de países del tercer mundo, repúblicas bananeras y dictaduras comunistas. La credibilidad del DOJ está en su punto más bajo. Biden está utilizando y politizando el sistema para atacar al hombre que desafió todo el establishment y todo el sistema. Ese fue el gran pecado de Trump y el Estado Profundo, el Establishment, está utilizando todas sus herramientas en un ataque frontal.
–1. Las leyes y estatutos utilizados en la acusación nunca fueron diseñados para ser utilizados contra un exgeneral, un exsecretario de Defensa, un exsecretario de Seguridad Nacional, un exdirector de la CIA y, por supuesto, nunca fueron diseñados para ser utilizados contra un exvicepresidente o presidente. La Ley de Espionaje fue diseñada para ser utilizada contra espías. Contra personas que robaron documentos secretos y los vendieron a actores estatales extranjeros. Fue diseñada para casos como los de Ana Montes, Ames, Pollard y Hansen. Nunca, nunca para un presidente. Esta es la primera absurdez de esta vergonzosa situación.
–2. Si el Presidente de los Estados Unidos ordena que los documentos clasificados se guarden en su casa, entonces su casa es un lugar autorizado para almacenar documentos clasificados. Punto. Nadie está analizando la LÍNEA DE TIEMPO. Eso es extremadamente importante. Si Trump de alguna manera ingresó a la Casa Blanca DESPUÉS de dejar de ser presidente, cuando era solo un ciudadano privado, y robó los documentos clasificados y los trasladó a Mar-a-Lago, entonces Trump está en problemas. Pero si Trump movió esos documentos MIENTRAS era presidente/comandante en jefe, entonces Mar-a-Lago se convirtió AUTOMÁTICAMENTE/ipso facto en una instalación federal aprobada para documentos clasificados.
SI EL COMANDANTE EN JEFE/Presidente dice que este garaje o el restaurante de la esquina es un BUEN lugar para guardar documentos clasificados, entonces ese garaje o restaurante de la esquina se convierte AUTOMÁTICAMENTE en un lugar autorizado por el Gobierno Federal para guardar documentos clasificados, según el Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos. Si el presidente, en una orden oficial, dice que su armario es un buen lugar para almacenar documentos clasificados, entonces ese armario es un lugar aprobado por el Gobierno Federal para documentos clasificados. Punto. La absurda acusación del DOJ contra Trump de retención no autorizada de documentos clasificados es 100% falsa porque fue autorizada por el Comandante en Jefe/Jefe del Poder Ejecutivo, según el Artículo 2 de la Constitución. No puede haber una autorización más alta que esa.
–3. Si el presidente desclasifica esos documentos, entonces, por definición, esos documentos NO están clasificados. El caso legal de DONALD KEYSER es algo similar. El Sr. KEYSER proporcionó documentos clasificados a su novia taiwanesa, que era una ESPÍA, pero el Gobierno Federal no pudo enjuiciarlo por ese delito porque, como funcionario de alto rango del Gobierno Federal, tenía el poder de desclasificación automática y afirmó que desclasificó todos los documentos antes de entregárselos a su novia. Solo fue condenado por mentir a los investigadores sobre sus viajes y su relación, pero no por entregar documentos clasificados a un espía.
El presidente tiene autoridad ilimitada para desclasificar. Algunos grandes analistas, como el juez Napolitano, están equivocados cuando afirman que hay un procedimiento legal burocrático para que el presidente desclasifique documentos. Dicen que el presidente necesita el permiso de la agencia que redactó el documento. Eso es falso. Como Jefe del Poder Ejecutivo, el presidente es el jefe del Secretario de Defensa, el jefe del Secretario de Seguridad Nacional, el jefe del Director de la CIA, el jefe del Director de la NSA de 3 estrellas, el jefe del Director de la DIA de 3 estrellas.
El presidente no necesita pedir permiso a sus subordinados si desea desclasificar documentos. El presidente da órdenes a sus subordinados. El presidente no les pide permiso. La absurda acusación del DOJ de retención no autorizada de documentos clasificados es falsa porque esos documentos, por definición, no están clasificados. Esos documentos son documentos no clasificados por definición.
–4. Los operativos de izquierda de Biden en el DOJ quieren utilizar la Ley de Registros Presidenciales («PRA», por sus siglas en inglés) contra el presidente Trump, pero pasan por alto por completo el espíritu y la letra de la ley. La declaración de los Archivos Nacionales sobre la devolución inmediata de todos los documentos presidenciales después de que un presidente deja el cargo también es engañosa. Es obvio que los activistas de izquierda/miembros del Estado Profundo también dirigen los Archivos Nacionales. El PRA otorga al presidente la discreción de categorizar todos sus registros como registros presidenciales o personales.
Eso significa que si el presidente utiliza su poder de desclasificación en un documento y luego lo declara personal, el presidente no está obligado a devolver ese documento a los Archivos Nacionales. De hecho, el presidente no puede ser acusado de ninguna manera por el PRA, ya que no contiene disposiciones que autoricen o permitan cualquier acción penal.
Si el presidente desclasifica un documento y luego lo declara PERSONAL, entonces el presidente guarda ese documento. Si los Archivos Nacionales aún desean el documento, entonces puede comenzar una negociación o disputa entre el presidente y la Administración de Archivos y Registros Nacionales, pero solo a nivel administrativo, nunca a nivel penal. Por lo tanto, el DOJ está utilizando una ley no solo de manera incorrecta, sino también de manera sin precedentes. El PRA no tiene ningún castigo criminal ni estatuto que pueda ser reclamado por el DOJ de izquierda de Biden.
Cualquier persona que analice la acusación del DOJ con una perspectiva objetiva y neutral debería sentirse realmente disgustada por ella.
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Ron Aledo, MA: exoficial de Inteligencia y Operaciones del Estado Mayor Conjunto. Apoyo a Investigaciones del FBI (WFO) Analista de la CIA (ctr). Director del DHS para la Política de la Frontera con México